De las redes al territorio: cómo la violencia digital expone a defensores ambientales en México

Un ataque en la puerta de su casa

La mañana del 11 de marzo de 2026, el defensor ambiental Erik Saracho fue atacado con disparos cuando regresaba a su casa tras dejar a su hija en la escuela. Sobrevivió; la bala le hirió el brazo y su esposa lo ayudó a contener la hemorragia. Lo que siguió demuestra que la violencia no terminó con la herida física: en internet circularon versiones que lo acusaban de haber fingido el atentado para convertirse en víctima.

Saracho, integrante de organizaciones como Alianza Jaguar y activo en la defensa del territorio en San Francisco, Nayarit, había cuestionado desarrollos inmobiliarios y turísticos en Bahía de Banderas. Meses antes del ataque, en diciembre de 2025, el portal local Vallarta en Línea lo acusó sin pruebas de frenar el «progreso» para proteger supuestos intereses vinculados a rentas de Airbnb. Esa publicación se acompañó de un video en Facebook que alimentó comentarios hostiles en un grupo vecinal de 41,000 miembros.

Los administradores del grupo terminaron por eliminar publicaciones agresivas y bloquear 163 perfiles, muchos con seudónimos. Ese borrado dejó vacíos en el registro de evidencia. Saracho había denunciado el acoso digital desde enero y pidió a las autoridades que resguardaran los datos antes de su desaparición.

La violencia empieza en la reputación

El caso de Saracho no es aislado. En 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró 135 eventos de agresión contra personas, comunidades y organizaciones defensoras en México. Esos eventos incluyeron 314 agresiones puntuales, porque un mismo episodio puede involucrar estigmatización, intimidación, vigilancia, amenazas, procesos judiciales y ataques físicos. La estigmatización fue la agresión más documentada y registró un salto notable: de 20 casos en 2024 a 90 en 2025.

Para organizaciones que documentan estas agresiones, la escalada suele seguir un patrón: primero se busca deslegitimar la labor de defensa mediante difamación y etiquetas simplificadoras, y luego vienen las amenazas más directas. “Muchos procesos de defensa donde hay agresiones empiezan por intimidación, difamación, amenaza y estigmatización, y van escalando en nivel de gravedad”, explicó Felipe Romero, gerente de Derechos Humanos de CEMDA, en entrevista con WIRED en Español.

Narrativas que desprecian la defensa del territorio

La estigmatización reduce una labor compleja a adjetivos diseñados para desacreditar: términos como “pseudoambientalistas” o acusaciones de estar “en contra del desarrollo” se repiten en redes y discursos públicos. CEMDA ha hallado con frecuencia que la difamación atribuye a defensores hechos o motivaciones falsas, como el supuesto financiamiento por parte de actores externos o la intención de frenar la economía local.

Romero señala que parte de estas narrativas surgieron en esferas del Ejecutivo federal y se reprodujeron después en administraciones estatales, municipales y entre actores empresariales. Ese efecto cascada instala una forma de describir a quienes cuestionan proyectos y contribuye a normalizar la idea de que oponerse equivale a obstaculizar el progreso.

Plataformas que amplifican el conflicto local

Las redes sociales facilitan la viralización rápida de acusaciones y ataques. Facebook tiene un papel relevante en conflictos locales porque concentra grupos vecinales y comunitarios donde una publicación puede generar decenas o cientos de comentarios estigmatizantes, intimidatorios o directamente amenazantes. CEMDA también ha identificado agresiones en X (antes Twitter), WhatsApp y en páginas que adoptan la apariencia de medios informativos.

El borrado de publicaciones y el bloqueo de perfiles complica las investigaciones y la preservación de evidencia. En el caso de Saracho, esa dinámica impidió conservar el rastro completo de los comentarios hostiles que precedieron al ataque físico.

Un problema regional, no solo mexicano

La violencia digital contra quienes defienden la tierra y el ambiente no se limita a México. Una encuesta de Global Witness de 2025 mostró que el 92% de las personas defensoras participantes había sufrido alguna forma de abuso o acoso en línea. Estos patrones reflejan cómo la exposición en plataformas puede convertirse en un primer escalón hacia la criminalización, el hostigamiento y, en casos extremos, la violencia física o el asesinato.

En México, el legado de figuras como Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca asesinado en los bosques de oyamel, sigue presente como advertencia de los riesgos que enfrentan quienes protegen territorios con alto interés extractivo o turístico.

Consecuencias sociales y judiciales

Además del daño personal, la estigmatización tiene efectos comunitarios: erosiona la confianza, divide a poblaciones locales y facilita la justificación de medidas legales o policiales contra defensores. La criminalización de las protestas y la presentación de procesos judiciales basados en acusaciones públicas contribuyen a un entorno en el que la defensa del territorio se vuelve peligrosa y costosa.

La dificultad para mapear y documentar agresiones en línea también limita la capacidad de las autoridades y la sociedad civil para responder a tiempo. Cuando evidencia clave desaparece de plataformas públicas, se reduce la probabilidad de esclarecer vínculos entre campañas digitales y agresiones físicas.

Qué pueden hacer las autoridades, plataformas y empresas

Aunque no existe una solución única, hay acciones que pueden mitigar riesgos y proteger a personas defensoras:

• Preservación de evidencia: protocolos claros para que autoridades y plataformas resguarden contenidos relevantes cuando se denuncia acoso o amenazas.
• Transparencia y colaboración: mecanismos de cooperación entre redes sociales, organizaciones civiles y fiscalías para identificar patrones y actores que promueven campañas de estigmatización.
• Capacitación local: formación para autoridades municipales y estatales sobre la dinámica de la violencia digital y su relación con riesgos físicos en territorios en disputa.
• Protección preventiva: medidas de seguridad personal y comunitaria que consideren tanto amenazas digitales como presencias físicas en el territorio.
• Control de desinformación: incentivar prácticas editoriales responsables en medios locales y páginas que simulan ser medios informativos.

Estas medidas requieren voluntad política y coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios. Sin acciones concretas, la combinación de estigmatización en línea y tensiones territoriales seguirá exponiendo a personas y comunidades que defienden bienes comunes.

Conclusión

El ataque a Erik Saracho ejemplifica una tendencia creciente: las redes sociales no solo reflejan conflictos locales, sino que pueden catalizarlos. La estigmatización digital actúa como primer paso de una escalada que, si no se frena, puede derivar en agresiones físicas y en la pérdida de vidas. Para los tomadores de decisión en América Latina, la lección es clara: proteger a quienes defienden territorios exige entender y abordar la violencia en el ámbito digital con la misma urgencia con que se atienden las amenazas en el terreno.