Proteger a menores en redes: por qué prohibir no es la solución y qué sí funciona

El experimento australiano y sus lecciones

En diciembre de 2025 Australia aprobó una ley que impide el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El primer ministro, Anthony Albanese, defendió la medida como una protección frente a un ecosistema digital que, en sus palabras, funcionaba como “arma para los acosadores, fuente de ansiedad, vehículo para estafas y medio para el abuso infantil”. La norma imponía sanciones económicas fuertes a las tecnológicas: hasta 30 millones de dólares americanos si no cumplían.

Cuatro meses después, las cifras de cumplimiento mostraron la vulnerabilidad de la estrategia. Casi dos tercios de los adolescentes entre 12 y 15 años afirmaron haber recuperado el acceso eludiendo los controles de edad. El organismo independiente eSafety no detectó una reducción significativa del acoso ni de prácticas como la difusión de deepfakes o imágenes íntimas. Conclusión: cerrar el acceso por edad puede ser políticamente atractivo, pero en la práctica es insuficiente.

Por qué las prohibiciones por edad se quedan cortas

El problema central no es solo quién entra a las plataformas, sino cómo están diseñadas. Las redes funcionan con un modelo de negocio que captura atención y explota datos personales. De ese modelo emergen tres tipos de riesgos para menores:

• Inseguridad: menores que reciben mensajes privados no solicitados de adultos desconocidos.
• Daño: publicidad hiperpersonalizada que puede explotar vulnerabilidades (p. ej., promover dietas peligrosas entre adolescentes con riesgo de trastornos alimentarios).
• Adicción: técnicas de diseño como el scroll infinito o las notificaciones constantes que alargan sesiones y fragmentan la atención.

Si la estrategia regulatoria se concentra únicamente en la edad, deja intactos los incentivos que generan esos problemas. Además, las prohibiciones son fáciles de sortear: la verificación de edad puede falsearse, las cuentas se pueden registrar con datos de terceros y los menores encuentran vías alternativas para acceder.

Alternativa: seguridad desde el diseño (safety by design)

La Comisión Europea ya avanza en una dirección distinta: combinar restricciones de edad con principios de “seguridad desde el diseño”. Esa lógica exige que las plataformas incorporen por defecto configuraciones y limitaciones que reduzcan los riesgos, sin depender de la conducta individual del usuario.

Ejemplos prácticos que deberían considerarse por ley o por obligaciones regulatorias:

• Mensajería restringida: por defecto, bloquear mensajes privados de adultos a menores que no formen parte de su círculo conocido.
• Privacidad por defecto: cuentas de menores configuradas como privadas desde la creación, con controles simples y claros para padres y tutores.
• Límites a la publicidad dirigida: prohibir el uso de perfiles sensibles (edad, salud, imagen corporal) para segmentar publicidad dirigida a menores.
• Diseños no adictivos: restricciones al autoplay, eliminación o limitación del scroll infinito y reducción de recompensas variables que fomentan sesiones prolongadas.
• Verificación responsable: métodos de comprobación de edad que no requieran compartir datos biométricos o documentos sensibles, y que respeten la privacidad.

Estas medidas atacan los elementos dañinos del producto, no solo el usuario que lo emplea. En otras palabras: es más efectivo condicionar lo que la plataforma puede hacer que intentar controlar quién entra.

Rendición de cuentas: multas y más allá

Las sanciones económicas existen, pero cuando los beneficios del modelo superan con creces las multas, estas dejan de ser disuasorias. Por eso muchos expertos proponen ir más allá: responsabilizar penalmente a directivos cuando las empresas permitan prácticas que dañen sistemáticamente a menores. No se trata de criminalizar la innovación, sino de garantizar que los incentivos empresariales no se traduzcan en daño tolerado.

¿Qué pueden aprender España y los países latinoamericanos?

El debate que enfrenta hoy España —y que pronto tendrá episodios legislativos decisivos— es relevante para gobiernos de América Latina. Algunas consideraciones útiles para la región:

• Evitar soluciones copiadas sin adaptar: una prohibición por edad puede funcionar como gesto político, pero es frágil ante la creatividad de los usuarios y la falta de recursos para controlarla.
• Priorizar cambios en el producto: exigir a las plataformas modificaciones de diseño que reduzcan riesgos protege mejor a menores que cerrar accesos.
• Regulación proporcional y verificable: las obligaciones deben ser claras, medibles y acompañadas de supervisión técnica. Las autoridades necesitan capacidades técnicas para auditar algoritmos y prácticas de publicidad.
• Cooperación multinivel: gobiernos, reguladores, escuelas y familias deben coordinar acciones. Las políticas públicas ganan cuando combinan regulación, educación digital y herramientas de apoyo familiar.
• Recursos para la implementación: en varios países de la región las autoridades regulatorias y judiciales están subfinanciadas; cualquier norma ambiciosa requiere inversión en capacidades de inspección y respuesta.

Rol de empresas y sociedad civil

Las plataformas tienen la responsabilidad ética de rediseñar espacios pensados originalmente para maximizar el engagement de usuarios adultos. La presión pública y las exigencias regulatorias pueden empujar cambios positivos: desde interfaces menos adictivas hasta controles parentales más efectivos.

La sociedad civil y las organizaciones de protección infantil también juegan un papel clave para documentar daños, proponer estándares técnicos y vigilar el cumplimiento.

Conclusión: puertas, ventanas y diseño

Tapiar las ventanas no hace desaparecer el moho. De la experiencia australiana y de la discusión europea surge una enseñanza clara para cualquier región: quien quiera proteger a los menores no debe centrarse únicamente en cerrar el acceso, sino en transformar los productos. Condicionar el uso de redes al cese de prácticas inseguras, nocivas y adictivas es una estrategia más robusta y sostenible. Para América Latina, esa estrategia exige legislación inteligente, capacidades de supervisión y diálogo entre gobiernos, empresas y familias. Si no cambiamos los incentivos del modelo de negocio, seguiremos corrigiendo efectos sin tocar las causas.