La libertad de expresión no es licencia para la amplificación irresponsable

No basta con poder decir lo que uno quiera

La libertad de expresión protege el derecho de manifestar opiniones, incluso si resultan ofensivas, provocadoras o claramente erróneas. Pero ese mismo derecho ampara con igual fuerza el trabajo de periodistas, verificadores y ciudadanos que examinan, contextualizan y refutan esas afirmaciones. Señalar que una declaración es falsa, aportar pruebas y exponerlas públicamente no es censura: es ejercicio de la libertad de expresión y una pieza clave del diálogo democrático.

En términos prácticos, eso significa que si alguien en redes sociales afirma, por ejemplo, que las vacunas no funcionan o que la Tierra es plana, tiene la libertad de decirlo. Pero ese derecho no impide que otras personas publiquen evidencia en sentido contrario ni que los medios y las instituciones expliquen por qué esas afirmaciones son erróneas.

Plataformas: canales de comunicación y actores con poder

La discusión se complica cuando la voz individual choca con los mecanismos y objetivos de las plataformas digitales. Publicar un contenido y amplificarlo son acciones distintas: una persona puede publicar una mentira, pero una empresa que la recomienda a millones, la coloca en los primeros resultados de búsqueda o la monetiza está tomando decisiones que tienen efectos públicos.

Los sistemas de recomendación de las redes sociales no son neutrales: seleccionan, priorizan y potencian continuamente ciertos mensajes sobre otros. Muchas veces estas decisiones son comerciales y están optimizadas para maximizar la atención y la interacción; en otros casos pueden terminar promoviendo ideas concretas. Los contenidos que provocan miedo, indignación o ira suelen generar más interacciones, y eso incentiva su difusión, con independencia de su veracidad.

Por eso la pregunta relevante no debe limitarse a «si legalmente puede decirse esto», sino ampliarse a: ¿por qué el sistema de la plataforma mostró ese contenido a millones de personas? ¿Sabía la empresa que su diseño premiaba falsedades perjudiciales? ¿Qué medidas tomó tras detectar manipulación coordinada, suplantación o engaños sistemáticos? ¿Quién se beneficia de esa amplificación y quién asume los costos sociales?

La iniciativa del gobierno de EEUU y el debate internacional

Recientemente ha trascendido que el Gobierno de Estados Unidos ha intentado impulsar una declaración sobre “libertad de expresión” en la Asamblea General de la ONU, con el objetivo, según críticos, de debilitar regulaciones tecnológicas impulsadas en otras regiones, especialmente en la Unión Europea. La estrategia consiste en presentar ciertas normas de protección y responsabilidad como si fuesen un ataque a la libertad de expresión en nombre del derecho a decir cualquier cosa sin consecuencias.

Esa visión simplista reduce la libertad de expresión a la posibilidad de hablar sin ser cuestionado. Pero en los sistemas jurídicos europeos la protección de la expresión incluye no solo el derecho a comunicar ideas sino también el derecho a recibir información relevante y veraz. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce que el ejercicio de esas libertades conlleva deberes y responsabilidades, y que pueden limitarse para proteger la seguridad pública, la salud, la reputación ajena o el orden público.

La Ley de Servicios Digitales de la UE: responsabilidad diferenciada

La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) de la Unión Europea se apoya en una distinción clave: la libertad individual de expresión es distinta de la responsabilidad que tienen las empresas que diseñan y operan sistemas de recomendación masiva. La DSA exige que las plataformas de mayor tamaño evalúen y mitiguen riesgos sistémicos —incluidos los que afectan a los derechos fundamentales, al debate cívico, a los procesos electorales y a la difusión de desinformación— y que ofrezcan mayor transparencia sobre sus algoritmos y criterios de priorización.

Importante: la DSA no prohíbe decir cosas falsas en Europa. Lo que regula es el papel de las plataformas como amplificadoras y el deber de estas empresas de gestionar los riesgos que sus diseños pueden generar para la sociedad.

¿Por qué importa esto para América Latina?

En la región, la circulación rápida y masiva de información —y de desinformación— ha tenido efectos palpables en campañas de salud pública, procesos electorales y en la confianza en instituciones. Aunque los marcos regulatorios y la capacidad de implementación varían entre países, el fenómeno es compartido: plataformas globales con decisiones algorítmicas centralizadas influyen en agendas y en la recepción de información en contextos locales.

Los gobiernos y reguladores latinoamericanos enfrentan un reto doble: proteger la libertad de expresión individual y, al mismo tiempo, asegurar que las plataformas no transformen opiniones erróneas en fenómenos virales con consecuencias colectivas. La discusión sobre responsabilidad tecnológica no es un asunto ajeno a la región; es una cuestión de salud pública, integridad de procesos democráticos y calidad del debate público.

Responsabilizar sin caer en la censura

Conviene separar dos cosas que con frecuencia se confunden: por un lado, la supresión o sanción de la opinión individual; por otro, el escrutinio y la regulación de decisiones empresariales que determinan qué llega a mucha gente y con qué prioridad. Exigir cuentas a las empresas por cómo diseñan, aceleran y monetizan contenidos no es lo mismo que castigar a una persona por sus opiniones.

La regulación responsable busca transparencia —por ejemplo, saber por qué un contenido fue recomendado— y mitigación de daños —como limitar la amplificación de campañas coordinadas de desinformación o hacer auditable la lógica de los algoritmos—. También implica mecanismos de rendición de cuentas claros sobre quién gana y quién pierde cuando se viraliza información falsa.

Conclusión

Defender la libertad de expresión significa proteger tanto el derecho a emitir ideas como el derecho de la sociedad a recibir información veraz y contrastada. En la era digital, las plataformas no son meros canales; son actores con poder de amplificación. Reconocer esa doble dimensión exige políticas que preserven la pluralidad de voces sin renunciar a la responsabilidad pública sobre los efectos colectivos de la difusión masiva.

Para América Latina, donde las consecuencias de la desinformación son concretas y recurrentes, la discusión sobre regulación tecnológica y transparencia algorítmica no es ideológica: es una herramienta para garantizar debates informados y proteger procesos democráticos y de salud pública, sin convertir la defensa de la expresión en un paraguas para la impunidad de la amplificación irresponsable.