Italia aprueba un decreto sobre reconocimiento facial y desata alarma entre expertos

¿Qué aprobó exactamente Italia?

El 4 de agosto el Gobierno de Giorgia Meloni dio luz verde a un decreto que adapta la legislación italiana al AI Act europeo, convirtiendo a Italia en el primer país de la UE en desarrollar un marco jurídico detallado para las excepciones al uso policial del reconocimiento facial. El texto oficial aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial; por ahora solo se conoce el contenido a través de una nota del Ejecutivo.

La regulación distingue dos modos de uso: la identificación en tiempo real y la identificación a posteriori. La primera se reserva para amenazas graves —como terrorismo o la búsqueda de personas desaparecidas— y requiere la autorización del fiscal. La identificación a posteriori, en cambio, solo puede activarse tras la comisión de un delito para intentar identificar a sospechosos ya señalados por la investigación.

Entre las modificaciones introducidas respecto al primer borrador hay una que cuestiona el alcance de la vigilancia en eventos masivos: plazas, estadios o manifestaciones podrán ser grabados y esas imágenes se podrán conservar, pero el reconocimiento facial no se aplicará automáticamente a todas las personas presentes. Solo se activaría si se comete un delito, con una autorización judicial que debe ocurrir en un plazo de 24 horas, y los datos se borrarían a los siete días si no se detecta ninguna incidencia.

Marco europeo y contexto legal

El AI Act, vigente desde agosto de 2024, es el primer reglamento global que clasifica sistemas de IA según su nivel de riesgo y regula su uso escalonado. En teoría, la normativa europea establece una prohibición general sobre la identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad, pero introduce excepciones —terrorismo, personas desaparecidas, delitos “graves”— y deja a cada Estado un margen amplio para desarrollar procedimientos concretos. Es precisamente ese margen el que Italia ha comenzado a rellenar con detalle, lo que explica por qué su decreto suscita tanta atención dentro y fuera de la Unión.

En España, por contraste, todavía no existe una ley específica sobre reconocimiento facial: el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA se encuentra en el Congreso y admite enmiendas, por lo que el debate y la decisión final quedan abiertos.

Por qué preocupa a especialistas y organizaciones civiles

Las organizaciones de derechos civiles han reaccionado con alarma. La socióloga Diletta Huyskes (Universidad Estatal de Milán y fundadora de la ONG Immanence) resume el sentimiento de muchos críticos: la normativa europea, al permitir excepciones, facilita que los gobiernos configuren sistemas de vigilancia extensos. Huyskes apunta que, aun estando en contra de esos usos, es difícil frenar una tendencia ya asentada.

Investigadores y periodistas especializados en control biométrico advierten sobre varios riesgos concretos. Fabio Chiusi, experto en la materia, señala que existen formaciones políticas aún más extremistas que la actual y que podrían aprovechar la infraestructura para fines autoritarios; además, alerta sobre propuestas radicales —como el uso de drones con cámaras térmicas— que podrían normalizar una vigilancia omnipresente. Para Chiusi, la posibilidad de que ciudades enteras terminen siendo vigiladas por miles de ojos tecnológicos ya no es un escenario lejano reservado a regímenes no democráticos.

Desde el ámbito de los derechos digitales, Aljosa Ajanovic Andelic (EDRi) plantea una crítica técnica y de procedimiento: el organismo que autoriza debe evaluar realmente la necesidad y la proporcionalidad de cada despliegue, no validar de forma rutinaria decisiones policiales. La regulación italiana, a juicio de Ajanovic, está poniendo a prueba la frontera entre reconocimiento en tiempo real y a posteriori, con efectos que pueden trascender las fronteras italianas.

Problemas de transparencia y control

Expertos también denuncian falta de transparencia sobre aspectos cruciales: criterios de entrenamiento de los algoritmos, procedimientos exactos de eliminación de imágenes y detalles sobre la gestión de bases de datos biométricas. Esa opacidad dificulta la supervisión democrática y la protección de derechos fundamentales.

La crítica apunta además a los mecanismos de supervisión. Según varias voces —entre ellas la periodista Laura Carrer, investigadora del Hermes Center— el único pilar que queda es la supervisión judicial, pero incluso ese control tiene limitaciones: la activación en tiempo real puede autorizarla el fiscal que dirige la investigación y no necesariamente un juez independiente, lo que debilita la separación entre investigación y autorización.

Riesgo de normalización de la vigilancia

Una preocupación recurrente es que las prácticas que hoy se presentan como excepcionales terminen normalizándose. Grabar eventos públicos y almacenar imágenes incluso cuando no se ha cometido ningún delito implica la creación de una infraestructura de datos que puede reutilizarse, ampliarse o permanecer activa más allá del mandato de un gobierno concreto. Esto supone un riesgo real de que herramientas diseñadas para casos extremos se conviertan en mecanismos rutinarios de control social.

Qué puede significar esto para América Latina

Aunque el decreto es una decisión italiana en el marco de la UE, el debate genera enseñanza para América Latina: muchos países de la región están evaluando o adoptando tecnologías de vigilancia basadas en IA y enfrentan desafíos similares: marcos legales insuficientes, opacidad en los sistemas y riesgos para derechos civiles. La experiencia europea, y en particular lo que ocurra con la implementación en Italia, puede servir tanto como advertencia como referencia sobre qué riesgos vigilar y qué salvaguardas exigir (evaluaciones de impacto, límites claros, auditorías independientes y supervisión judicial efectiva).

Qué sigue y por qué importa

La aprobación del decreto no es el final del camino: falta la publicación oficial del texto y la implementación práctica. Quedan preguntas abiertas sobre cómo se aplicarán las garantías procesales, qué controles independientes existirán para supervisar bases de datos y algoritmos, y hasta qué punto la supervisión judicial será efectiva y realmente independiente.

Para responsables de políticas públicas, directivos de seguridad y líderes del sector privado en América Latina, el caso italiano es una llamada a la prudencia: es imprescindible combinar la capacidad tecnológica con marcos transparentes, proporcionalidad y mecanismos de rendición de cuentas que protejan derechos fundamentales. Sin esas garantías, el uso policial del reconocimiento facial corre el riesgo de transformar espacios públicos en redes de identificación permanente.

Conclusión

Italia ha tomado la delantera en detallar cómo aplicar las excepciones del AI Act al reconocimiento facial policial. Pero la decisión ha encendido las alarmas de expertos y organizaciones de derechos civiles, que ven en el decreto el potencial inicio de una vigilancia más amplia y difícil de revertir. El debate continuará: la clave estará en la transparencia, la supervisión independiente y en cómo se definen y aplican las garantías para evitar que medidas diseñadas para casos extremos se vuelvan prácticas cotidianas.