Cuando la expansión de la IA choca con el Pacto Verde europeo

Un giro preocupante en la política climática europea

Durante años la Unión Europea se presentó como líder global en la lucha contra el cambio climático: el Pacto Verde, metas de descarbonización y la promesa de una transición justa eran parte central de su discurso. Sin embargo, un borrador de reglamento al que tuvo acceso el Financial Times indica que esa firmeza podría estar cediendo frente a la presión de grandes actores tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft y la Asociación Europea de Centros de Datos.

El debate no es técnico: toca el corazón de cómo se define la ambición climática en la práctica. Las propuestas en discusión relajarían criterios ambientales para centros de datos y gigafactorías que sustentan la inteligencia artificial, precisamente cuando la demanda energética de estas infraestructuras está creciendo de forma acelerada.

Qué cambia en la compensación de emisiones

La versión inicial del reglamento planteaba un enfoque estricto: las compensaciones por el uso de electricidad de origen fósil debían respaldarse con certificados de nueva capacidad renovable construida recientemente y capaz de generar energía en el mismo sitio y en el mismo momento del consumo. La lógica era simple: si consumes electricidad contaminante, la compensación debía representar una aportación real e inmediata de energía limpia al sistema.

Según el borrador reciente, buena parte de esos requisitos han sido eliminados. El mecanismo de compensación se transforma en una operación contable que permite a centros de datos operar con electricidad fósil siempre que compren certificados de energía renovable. En la práctica, esto permitiría continuar emitiendo CO2 a la espera de que, sobre el papel, dichas emisiones queden “compensadas”.

Además, la propuesta amplía la validez de certificados procedentes de energía nuclear y elimina la exigencia de proximidad geográfica y temporal entre el punto de generación de la energía renovable y el lugar del consumo contaminante. El resultado puede ser disparatado: un centro de datos alimentado con electricidad dependiente del carbón en Europa Central podría considerar compensadas sus emisiones con certificados vinculados a energía solar producida en otra región, como España.

La reforma del mercado de emisiones avanza en la misma dirección

En paralelo, la Comisión Europea ha propuesto cambios al Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) que reducen el ritmo de disminución de derechos de emisión, amplían permisos gratuitos a la industria e introducen mecanismos para contabilizar reducciones realizadas en terceros países. Es decir, se facilita que empresas vinculadas a la construcción de centros de datos y gigafactorías emitan más CO2 y durante más tiempo del inicialmente previsto por la normativa.

Estos cambios se justifican con argumentos de competitividad y la necesidad de acelerar inversiones en descarbonización. Pero la señal política es clara: cuando los objetivos climáticos chocan con las prioridades industriales y tecnológicas, son los compromisos ambientales los que parecen ceder.

Contradicciones que pesan en un contexto de crisis climática

La relajación normativa ocurre en un momento crítico. Europa es una de las regiones que más rápido se está calentando y ya enfrenta olas de calor, sequías y fenómenos extremos más frecuentes. A pesar de ello, la Unión prevé triplicar la capacidad de sus centros de datos en los próximos cinco a siete años para responder a la demanda computacional de la IA. Es difícil encontrar una contradicción más directa entre discurso y práctica.

También llama la atención la discreción de los protagonistas. Según el Financial Times, Amazon Web Services, Microsoft y la Asociación Europea de Centros de Datos no han querido pronunciarse públicamente sobre la flexibilización, y la Comisión no ha explicado de forma pública por qué está dispuesta a abandonar criterios que hasta hace poco consideraba imprescindibles.

Qué significa esto para América Latina

Aunque las decisiones se toman en Bruselas, sus efectos trascienden fronteras. Hay varias implicaciones relevantes para la región:

• Demanda de energía y mercado de certificados: una flexibilización en Europa puede afectar los flujos de inversión en renovables y créditos de energía, con consecuencias en precios y proyectos internacionales en los que participan empresas latinoamericanas.

• Oportunidades y riesgos de inversión: si la expansión de infraestructura digital se acelera, pueden surgir oportunidades para atraer centros de datos o nodos de procesamiento a América Latina. Pero la región también podría verse arrastrada a dinámicas de “soluciones contables” en lugar de inversiones reales en energías limpias.

• Credibilidad y cooperación climática: la posibilidad de que se contabilicen reducciones en terceros países como válidas para objetivos europeos plantea riesgos de doble conteo y erosión de la confianza en mecanismos de cooperación internacional.

Para gobiernos y reguladores latinoamericanos, esto exige atención: abrir mercados a inversiones sin condiciones claras de sostenibilidad podría acarrear costos ambientales y reputacionales. Al mismo tiempo, puede existir una ventana para negociar criterios que fomenten despliegue real de renovables y transferencia tecnológica.

Riesgos de greenwashing y recomendaciones políticas

La transformación de compensaciones en simples operaciones contables incrementa el riesgo de greenwashing. Si las emisiones reales no disminuyen, la narrativa de descarbonización se convierte en una fachada que protege la rentabilidad en lugar de reducir el calentamiento global.

Para mitigar estos riesgos, los responsables de política pública —tanto en Europa como en América Latina— deberían exigir transparencia, trazabilidad y requisitos de adicionalidad comprobable en cualquier mecanismo de compensación. Algunas orientaciones prácticas:

• Condicionar incentivos o permisos a la conexión efectiva con nueva generación renovable que aporte energía adicional al sistema.
• Exigir plazos y garantías para la entrada en operación de nuevos proyectos renovables vinculados a certificados.
• Mantener criterios de proximidad temporal y geográfica razonables entre producción y consumo, siempre que sea técnicamente posible.
• Evitar contabilizar reducciones en terceros países sin mecanismos robustos de verificación y sin asegurar que no haya doble conteo.

Conclusión: transparencia y debate público

La tensión entre competitividad tecnológica y objetivos climáticos exige decisiones transparentes y abiertas al escrutinio público. Cambios regulatorios de esta magnitud no deberían imponerse bajo la presión opaca de intereses económicos, ni sin un debate democrático que explique las compensaciones políticas.

Europa enfrenta una encrucijada: puede priorizar la expansión rápida de la infraestructura de IA o reafirmar su liderazgo climático. Para América Latina, la lección es doble: estar alerta ante los impactos indirectos y aprovechar la oportunidad para negociar inversiones que realmente impulsen la transición energética y la resiliencia regional.

Si la transición justa y la credibilidad del Pacto Verde son valores que persisten más allá de la retórica, las políticas deberán reflejarlo en reglas que promuevan reducción efectiva de emisiones, no contabilidad creativa.