Europa se moviliza contra los centros de datos: reclamo por moratoria y protección del agua
Este fin de semana se realizan protestas coordinadas en Europa para exigir una pausa en la construcción de grandes centros de datos. El movimiento alerta sobre el alto consumo energético, el uso de agua y los impactos territoriales y sociales de estas infraestructuras.
Un movimiento europeo contra la expansión de centros de datos
Decenas de manifestaciones se han convocado en 15 países europeos para reclamar una moratoria en la construcción de centros de datos a gran escala, impulsadas por la reciente expansión ligada al despliegue comercial de la inteligencia artificial. En España, se han organizado 22 de las 90 acciones previstas en toda Europa; ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla y Pamplona figuran entre las sedes de las protestas.
Es la primera campaña coordinada a escala continental con ese objetivo claro: frenar temporalmente la proliferación de estas instalaciones mientras se evalúan sus efectos ambientales, democráticos y sociales. El llamamiento central es simple y directo: parar, estudiar y legislar antes de seguir construyendo.
Quién lidera la protesta y qué piden
La iniciativa en España está coordinada por el colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y una de sus portavoces más visibles es Aurora Gómez, nacida en Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real. Gómez resume la demanda con una frase contundente: pedir una moratoria inmediata sobre nuevos centros de datos a gran escala, a nivel local, nacional y europeo.
Los organizadores solicitan que gobiernos, la Unión Europea y las grandes empresas tecnológicas detengan la expansión acelerada de estos recintos hasta que se realice un análisis independiente y exhaustivo sobre sus consecuencias. Además, exigen marcos legales claros que definan cuándo y en qué condiciones deberían autorizarse este tipo de infraestructuras.
Impactos señalados por la movilización
Las críticas contra los centros de datos abarcan varios frentes. Entre las externalidades negativas que señalan los colectivos están:
- Consumo energético muy alto, con impacto en la demanda eléctrica local.
- Uso intensivo de agua para refrigeración en determinadas instalaciones.
- Generación de poco empleo local estable más allá de la construcción y el mantenimiento.
- Ruido constante, cambios en el uso del territorio y acaparamiento de espacios.
- Riesgos potenciales para la salud de las comunidades próximo a las instalaciones.
En Irlanda, por ejemplo, la operadora Eirgrid ha indicado que los centros de datos representan ya más del 30% de la demanda estatal de electricidad. Ese tipo de cifras son una de las razones por las que el argumento ambiental ha cobrado fuerza y sirve de alarma para regiones que no quieren ver comprometidos recursos críticos como el agua y la energía.
¿Por qué ahora? Contexto político y geográfico
La expansión de centros de datos se aceleró con la comercialización masiva de servicios de IA y la creciente demanda de almacenamiento y cómputo. Algunos países ya han reaccionado: Irlanda, Países Bajos e incluso Singapur han adoptado moratorias temporales para evaluar el crecimiento del sector.
En Estados Unidos, que concentra aproximadamente la mitad de los centros de datos del mundo, decisiones políticas favorables a la industria han suscitado reacciones ciudadanas y electorales. Analistas citados por los organizadores apuntan que la demanda de ordenar ese crecimiento ha entrado en la arena pública y ha tenido impacto en la opinión de votantes, algo que ha influido en dinámicas electorales recientes.
A nivel europeo, participan en la movilización naciones como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, además de las acciones en España. Los organizadores subrayan que cada país tiene realidades distintas: tiempo de implantación de centros de datos, grados de resistencia social y prioridades políticas que determinan las demandas específicas.
Formatos de protesta: creatividad y diversidad local
Las 22 movilizaciones en España muestran una variedad de formatos: hay desde manifestaciones tradicionales hasta acciones más creativas y simbólicas. Se han organizado paseos reivindicativos por la ciudad, bicicletadas alrededor de instalaciones, mediciones públicas de la distancia entre centros de datos y viviendas, solicitudes de transparencia ante autoridades, recitales de poesía y lecturas de fanzines.
La idea es combinar reivindicación y diálogo: cada comunidad define la forma de protesta que mejor refleja sus preocupaciones y sirve como punto de encuentro entre vecinos, activistas y organizaciones locales.
Conexión urbano-rural y relevancia para América Latina
Los organizadores destacan que la resistencia no está confinada a las áreas rurales: hay una combinación de preocupaciones en el campo—por ejemplo, defensa del agua y del territorio—y en las ciudades, por los impactos de la IA en lo social y lo laboral. Esa confluencia, sostienen, puede fortalecer la capacidad de presión para cambiar políticas.
El tema también tiene resonancia fuera de Europa. En Latinoamérica se han reportado casos en los que la instalación de centros de datos ha tensionado el acceso al agua y exacerbado condiciones de sequía en algunas zonas, algo que los colectivos citan como argumento para no replicar modelos de desarrollo que prioricen la acumulación de infraestructura tecnológica sin evaluaciones previas rigurosas.
Qué piden los organizadores a las autoridades y empresas
La demanda central es una moratoria inmediata combinada con tres pasos complementarios: evaluación independiente de impactos, procesos participativos de decisión que incluyan a las comunidades afectadas, y marcos regulatorios claros a nivel local, nacional y europeo para decidir cuándo y cómo autorizar centros de datos.
Los colectivos también piden mayor transparencia por parte de las empresas tecnológicas y de los responsables políticos sobre el consumo energético, el uso del agua y la planificación territorial vinculada a estas infraestructuras.
Un punto de partida, no el final
Los organizadores reconocen que las movilizaciones de este fin de semana son solo el comienzo de una campaña a más largo plazo. Llevan un año de preparación y buscan una coordinación plural que permita adaptar las demandas generales a las realidades concretas de cada país y comunidad.
En España, se percibe un interés creciente en la cuestión, impulsado en parte por la desconfianza hacia las grandes tecnológicas y por la visibilidad de los impactos ambientales. Para los colectivos, el reto es mantener la presión pública y traducir la movilización en cambios regulatorios que prioricen recursos como el agua, la soberanía territorial y decisiones democráticas sobre la implantación de infraestructuras tecnológicas.
Conclusión
La ola de protestas plantea un debate urgente sobre cómo equilibrar la necesidad de infraestructura digital con la protección de recursos y comunidades. La moratoria demandada busca abrir un espacio de análisis y regulación antes de que se consolide un modelo de expansión que, según los organizadores, podría dejar severos costes ambientales y sociales en las regiones de mayor implantación. En un contexto global donde la IA multiplica la demanda de cómputo, la pregunta central es si Europa —y otros territorios, incluida Latinoamérica— están dispuestos a decidir colectivamente dónde y en qué condiciones se instalan las bases físicas de la era digital.
Fuente original: El Pais IA