Cómo X sigue permitiendo la difusión abierta de abuso infantil y por qué importa en Latinoamérica

Resumen del problema

En 2026 sigue siendo alarmantemente sencillo encontrar material de abuso sexual infantil en X (antes Twitter). A pesar de que la compañía prometió en 2022 que limpiar estos “hashtags de pornografía infantil y tráfico de menores” sería una prioridad, varias etiquetas aparentemente inocuas están llenas de vídeos ilegales, según la investigación citada por EL PAÍS. El propio periódico optó por no revelar esas etiquetas para evitar ampliar la distribución de ese contenido.

La dinámica descrita por investigadores y organizaciones es clara: el contenido sexualizado con menores circula a plena vista en plataformas de uso masivo y no sólo en los rincones más oscuros de internet. Jacques Marcoux, director de investigación del Centro Canadiense para la Protección Infantil, advierte que existe “una idea equivocada de que el material de abuso sexual infantil está relegado a los rincones más oscuros de internet” y que, en realidad, “muchas imágenes y vídeos… circulan a plena vista en las plataformas de redes sociales convencionales”.

Cómo se propaga y cuál es el objetivo de los delincuentes

Según la investigación, suele bastar una búsqueda por palabras clave o por hashtags para toparse con este tipo de contenido. Con frecuencia se usan etiquetas que a simple vista no guardan relación con pornografía, lo que dificulta su detección automática y su denuncia por parte de usuarios.

El propósito declarado de quienes suben estos materiales no es solo exhibirlos: las grandes plataformas funcionan como un embudo para atraer público hacia espacios más cerrados —por ejemplo, Telegram o Discord— donde se distribuye y a veces se vende material restringido. Marcoux explica que los delincuentes “promocionan imágenes sexualizadas de niños o de víctimas ya conocidas, para luego redirigir ese tráfico a otras webs o plataformas donde sí se ofrece dicho material”.

EL PAÍS solicitó explicaciones a la compañía (X) sobre este problema, pero no obtuvo respuesta.

Herramientas de detección y sus limitaciones

Las empresas tecnológicas suelen combinar varias técnicas para detectar material de abuso infantil. Una de las más efectivas es la comparación de hashes: cuando una imagen o video coincide con un archivo ya catalogado como ilegal, los sistemas automatizados pueden bloquear y eliminar ese contenido de forma inmediata. Sin embargo, este método no funciona con material completamente nuevo.

Para contenido inédito se emplean modelos entrenados para reconocer características visuales asociadas al abuso y estimar la probabilidad de que una imagen sea pornografía infantil. Thorn, una organización sin ánimo de lucro que ofrece herramientas tecnológicas a empresas para detectar este tipo de material, aplicaba técnicas de análisis escena por escena para identificar señales de abuso. Marcoux recuerda que esos sistemas “trabajan con probabilidades y requieren revisión humana”; la intervención humana sigue siendo imprescindible para evitar falsos positivos y para confirmar casos nuevos.

Hasta mediados de 2025 X utilizó la tecnología de Thorn, pero la organización confirmó que rescindió su contrato por impago. Cassie Coccaro, responsable de comunicación de Thorn, dijo que tras meses de intentos y flexibilidad, “al final no nos quedó más remedio que cancelar el contrato”. Este corte de colaboración deja un hueco tecnológico y operativo que, según expertos, puede contribuir a la circulación de material ilícito.

Datos de denuncia y responsabilidad de las plataformas

En 2025 X fue solo la séptima gran plataforma en informar de vídeos nuevos a la línea de denuncia del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos. Otras redes más grandes de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) aparecieron por encima en esos reportes. Es importante aclarar que esos informes son voluntarios y no representan la cantidad total de material que circula, sino los casos que efectivamente se detectaron y se notificaron.

Expertos en derecho digital, como Borja Adsuara, sostienen que “las redes pueden hacer mucho más de lo que hacen en este tema” y recuerdan que existen marcos regulatorios pensados para obligar a las plataformas a evaluar riesgos incluidos los que afectan a menores.

Marco regulatorio: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA)

En Europa, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) exige a plataformas como X identificar y evaluar riesgos en su servicio, entre ellos el contenido ilegal y los efectos negativos sobre menores. La Comisión Europea ya ha iniciado expedientes a X y otras redes, aunque hasta ahora esos procedimientos han venido dirigidos, en buena parte, a asuntos como desinformación y deepfakes.

El DSA obliga a reportar, mitigar y documentar las medidas tomadas para reducir riesgos sistémicos. En la práctica, esto significa que las empresas deben combinar tecnología, moderación humana y colaboración con entidades especializadas y autoridades para detectar y eliminar material ilegal de manera eficaz.

Qué significa esto para América Latina

América Latina es una región donde las redes sociales tienen una penetración alta y un uso intensivo para comunicación y entretenimiento. Cualquier deficiencia en la moderación de plataformas globales repercute directamente en familias, educadores y autoridades locales. La circulación abierta de material con menores en X no es un problema exclusivo de Europa o EEUU: usuarios y víctimas en Latinoamérica pueden verse afectados, y, además, delincuentes buscan audiencias globales.

Para los tomadores de decisión en la región esto implica varias prioridades: fortalecer la cooperación internacional con organizaciones que combaten la explotación infantil, asegurar que las plataformas cumplan con las leyes locales e internacionales, y promover campañas de prevención y educación digital dirigidas a padres, docentes y jóvenes.

Recomendaciones prácticas

• Exigir transparencia: las plataformas deben responder a solicitudes de información y publicar informes públicos sobre detección y eliminación de contenido ilegal.
• Financiar detección y moderación: la tecnología eficaz y la revisión humana requieren recursos; la terminación de contratos por impago —como el caso de Thorn y X— apunta a un problema operativo que afecta la protección de menores.
• Cooperación público-privada: gobiernos, ONG y empresas tecnológicas deben coordinar canales de denuncia y respuesta rápida para reducir tiempos de exposición del material.
• Educación y prevención: campañas en escuelas y comunidades sobre riesgos en línea, uso seguro de redes y cómo reportar contenido sospechoso.

Conclusión

Cuatro años después de la promesa de su entonces propietario, la evidencia sugiere que X sigue teniendo serias vulnerabilidades respecto a la difusión de material de abuso infantil. La combinación de fallos en financiación de herramientas especializadas, la dificultad técnica para detectar contenido nuevo y la estrategia de los delincuentes de redirigir audiencias a plataformas cerradas explican por qué este material sigue circulando. Para América Latina, la lección es clara: es necesario exigir mayor responsabilidad y transparencia a las plataformas, invertir en herramientas y capacidades locales, y fortalecer la cooperación entre gobiernos, empresas y organizaciones que protegen a la infancia.