Sam Altman en el juicio contra OpenAI: dinero, control y el choque con Elon Musk

Un testimonio clave en un juicio mediático

Dos semanas después de que arrancara el mediático juicio entre Elon Musk y OpenAI, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de la empresa matriz de ChatGPT, subió al estrado. Altman compareció ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers y el jurado en una sesión que prolongó varias horas y que buscó contraponer dos narrativas: la de Musk, que acusa un cambio de misión y pide 150.000 millones de dólares, y la de los líderes actuales de OpenAI, que defienden la coexistencia de un brazo comercial y un propósito filantrópico.

Cómo presentó Altman su versión

Altman habló en un tono pausado y controlado, describiendo el origen de la compañía y su evolución. Admitió que OpenAI tiene ahora una estructura que combina ambición comercial con compromisos filantrópicos, pero rechazó la idea de que el cambio de modelo significara una traición a la misión inicial. Según su relato, los primeros años contaron con la participación de inversores, filántropos y donantes, además de las contribuciones de los fundadores como Ilya Sutskever y Greg Brockman.

Durante su declaración, Altman señaló la fuerte inclinación de Musk hacia el control: “Hace tiempo que Elon decidió que, durante el resto de su carrera, solo trabajaría en empresas que controlara totalmente”. Con esa frase puso en el centro del conflicto la diferencia de visiones sobre cómo debe gobernarse una tecnología que puede transformar sociedades.

El choque sobre el control de la tecnología

Varios pasajes del testimonio giraron en torno a conversaciones sobre control. Altman recordó cómo, en distintas ocasiones, Musk planteó la necesidad de asegurar quién manejaría la tecnología si ocurría algo inesperado —incluso llegó a preguntar qué pasaría con el control si él muriera—. En una ocasión Musk propuso fusionar OpenAI con Tesla a finales de 2017 y ofreció puestos en el directorio para que los fundadores mantuvieran influencia; la propuesta fue rechazada por entender que Tesla, como compañía automotriz, no compartía la misión de OpenAI.

Altman también relató una anécdota que ilustra el choque cultural entre ambos: la sugerencia de Musk de hacer un ranking de empleados para despedir a algunos, iniciativa que Altman y otros fundadores consideraron dañina para la labor de investigación y la motivación del equipo. En su descripción, la salida de Musk de la organización supuso, por un lado, un desafío para obtener financiación y, por otro, “un chute moral” para empleados que se sentían incómodos con su forma de actuar.

Financiación y cambio de modelo

El testimonio abordó asimismo la transformación de OpenAI desde una estructura sin ánimo de lucro hacia una entidad con ánimo de lucro limitada, un movimiento que Musk consideró inaceptable y que motivó la demanda. Altman reconoció que, tras la salida de Musk, buscaron recursos en nuevos aliados, incluida una inversión significativa de Microsoft —según documentos presentados en la vista, “más de 15.000” aparece como referencia en ese contexto—.

Altman defendió que la nueva estructura permitió escalar la investigación y competir en un entorno dominado por gigantes como Google. Además, subrayó que la fundación vinculada a OpenAI realiza donaciones importantes y que la organización se presenta como uno de los actores filantrópicos privados más relevantes en Estados Unidos, con anuncios de donaciones por más de 25.000 millones de dólares para investigación, entre otras áreas.

Cultura interna y la crisis de noviembre de 2023

El juicio también repasó la crisis interna de noviembre de 2023, cuando Altman fue despedido fulminantemente por el consejo y posteriormente regresó en un movimiento que acaparó la atención pública. Musk sacó ese episodio a relucir para cuestionar el compromiso filantrópico y la coherencia de la dirección de OpenAI. Altman, por su parte, defendió su gestión y resaltó el papel de los fundadores y del equipo en la construcción de la compañía.

Además del contexto corporativo, el testimonio reveló aspectos personales y ambiciones. Altman admitió que llegó a plantearse una carrera política, considerando la posibilidad de postularse como gobernador de California —un detalle que aporta una dimensión pública a su perfil de líder empresarial.

Lo que está en disputa: misión, lucro y poder

En términos concretos, la demanda de Musk se apoya en la idea de que el cambio institucional permitió a los fundadores y directivos beneficiarse económicamente a costa de la promesa original. Para Altman, sin embargo, la dualidad entre empresa comercial y organización filantrópica no es contradictoria: es un mecanismo para financiar una investigación ambiciosa y, a la vez, sostener compromisos con el bien público.

El choque entre ambas posturas abre interrogantes sobre la gobernanza de tecnologías estratégicas: ¿deben estar sujetas a modelos estrictamente no lucrativos para preservar su orientación social? ¿O requieren estructuras híbridas que permitan la inyección de capital privado para competir a escala global?

Relevancia para América Latina

Aunque el juicio se celebra en Estados Unidos entre figuras icónicas del ecosistema tecnológico global, sus consecuencias resonarán en América Latina. La forma en que se resuelva este conflicto influirá en las normas sobre inversión, responsabilidad y gobernanza de IA que los gobiernos y empresas latinoamericanas deberán observar. Asimismo, las decisiones sobre control y acceso a tecnologías avanzadas determinarán quién lidera la agenda de adopción y regulación en la región.

Para tomadores de decisión en América Latina, el caso subraya la importancia de diseñar marcos que concilien inversión privada con objetivos públicos: promover la innovación sin perder de vista la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del interés general.

Qué sigue en el juicio

El testimonio de Altman fue una jornada más en un proceso que promete más declaraciones y documentos por revisar. La juez y el jurado aún deben ponderar múltiples testimonios —entre ellos los de figuras como Elon Musk y directivos de empresas aliadas— para decidir si la demanda de 150.000 millones de dólares tiene fundamento legal y si se produjo el incumplimiento o la apropiación denunciada.

Mientras tanto, el caso sigue siendo un termómetro de cómo se discuten públicamente los límites entre la ambición empresarial, la responsabilidad social y el control de tecnologías que pueden redefinir estructuras económicas y políticas a escala global.