Palantir en Europa: contratos públicos, poder y riesgos para la soberanía digital

Qué está pasando: presencia de Palantir en puestos clave

Palantir, la empresa estadounidense especializada en software para integrar y analizar grandes volúmenes de datos, ha conseguido contratos con al menos once países europeos que van desde defensa y fuerzas armadas hasta servicios de inteligencia, aduanas y gestión sanitaria. Un equipo liderado por Follow the Money y con periodistas de 18 países, entre ellos EL PAÍS, recopiló documentos públicos que permiten dibujar esa red de acuerdos y medir la influencia de la compañía en el continente.

La magnitud del negocio global de Palantir es grande: la compañía espera facturar más de 8.000 millones de dólares este año. Pese a que Europa representa una fracción de ese mercado, la empresa ha logrado situar su software en puntos sensibles de la infraestructura estatal, lo que ha provocado preocupaciones sobre dependencia, control y supervisión.

Contratos, cifras y alcance real

Según los documentos conocidos, los países europeos con contratos en sectores de defensa o militares incluyen España, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Ucrania. Palantir también tiene acuerdos con servicios de inteligencia en Dinamarca, Francia, Reino Unido y Ucrania. A escala supranacional, hasta 2023 Europol y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) gastaron en conjunto 8,8 millones de euros en contratos con la compañía.

Las cantidades públicas conocidas suman alrededor de 264 millones de euros entre países e instituciones europeas. Si se incorpora el volumen de contratos en Reino Unido —que asciende a 1.170 millones de euros (992 millones de libras)—, el total supera los 1.400 millones de euros. Además, la huella real se amplía porque en marzo de 2025 la OTAN adquirió de Palantir el programa MAVEN Smart System, que ahora funciona como plataforma central de mando dentro de la Alianza: los países participantes en operaciones aliadas pueden acceder al software aun cuando no tengan un contrato bilateral con la empresa.

Productos y vínculos con el aparato de seguridad estadounidense

Entre los programas más conocidos de Palantir están Foundry, orientado a la gestión de procesos y datos para organizaciones, y Gotham, diseñado para investigación criminal, defensa y servicios de inteligencia. Otro producto clave es el MAVEN Smart System (MAVEN), plataforma adoptada por la OTAN para mejorar la comunicación entre sistemas de armas y acelerar procesos en operaciones conjuntas.

La compañía fue fundada en 2003 con estrechos lazos con los servicios de inteligencia y el Pentágono. Estos vínculos se han acentuado en los últimos años, y directivos de Palantir no ocultan su prioridad por los intereses de seguridad de Estados Unidos. El propio consejero delegado, Alex Karp, describió el 3 de agosto el rendimiento de Palantir en Europa como “una mierda”, mientras defendía un trimestre “extraordinario” y afirmaba que sin sus productos el continente afrontaría mayores problemas de terrorismo y migración.

Críticas, acusaciones y reacciones públicas

Palantir ha sido objeto de críticas por su supuesta implicación en violaciones de derechos humanos en contextos como los territorios palestinos, Irán y operaciones del servicio de inmigración estadounidense (ICE). La empresa ha negado esas acusaciones. En septiembre, más de 120 organizaciones —ONG, sindicatos e instituciones de 30 países europeos— firmaron una carta abierta pidiendo a los gobiernos que rompan sus vínculos con la compañía, citando riesgos de dependencia tecnológica y preocupaciones sobre derechos fundamentales.

Expertos en soberanía digital alertan sobre los peligros de depender de un proveedor extranjero para sistemas que procesan datos de millones de ciudadanos. Francesca Bria, investigadora y directora de Eurostack, señaló que es problemático que este tipo de software esté “en los entresijos de nuestra sociedad”.

Casos concretos y decisiones en países europeos

En España, el Estado Mayor de la Defensa adjudicó en octubre de 2023, sin concurso público, un contrato a Palantir por 16,5 millones de euros para gestionar las bases de datos del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Fuentes del Gobierno han indicado a este periódico que ese contrato expira a finales de año y no será renovado; en su lugar, se planteará una alternativa desarrollada por una empresa española. Una decisión similar fue anunciada por Reino Unido a comienzos del mes mencionado.

Mientras algunos gobiernos reevalúan sus relaciones con Palantir, la existencia del software en la red de la OTAN y su acceso por países aliados complican cualquier estrategia rápida de desenganche.

Implicaciones y lecciones para América Latina

Aunque los contratos aquí documentados son europeos, hay varias lecciones relevantes para gobiernos y actores en América Latina:

• Riesgo de dependencia: sistemas críticos desplegados por un proveedor extranjero pueden generar dependencia tecnológica y operativa que dificulte la soberanía digital y la capacidad de auditoría.
• Transparencia en la contratación: adjudicaciones sin concurso público, como la señalada en España, aumentan la desconfianza y reducen las posibilidades de supervisión independiente.
• Derechos humanos y gobernanza: tecnologías de integración masiva de datos requieren marcos claros de protección de datos, controles democráticos y evaluaciones de impacto en derechos fundamentales.
• Alternativas locales y regionales: impulsar capacidades nacionales o alianzas regionales para desarrollar soluciones auditables y con estándares de privacidad puede reducir riesgos estratégicos.

Para países latinoamericanos que aún están definiendo marcos regulatorios y políticas de adquisición tecnológica, estos desarrollos en Europa sirven como alerta sobre la necesidad de procedimientos claros, auditorías externas y cláusulas contractuales que garanticen soberanía, transparencia y protección de la ciudadanía.

Conclusión: balance entre utilidad y control democrático

Palantir ha demostrado que puede aportar herramientas para integrar y acelerar el análisis de datos en entornos complejos, algo atractivo para ministerios de Defensa, agencias policiales y organismos públicos. Sin embargo, la concentración de capacidades en manos de un proveedor con fuertes vínculos a un solo país plantea dilemas sobre dependencia estratégica, supervisión democrática y respeto a los derechos humanos.

El debate en Europa —y las decisiones de gobiernos que ya revisan contratos o buscan alternativas locales— subraya que la adopción de estas tecnologías no puede hacerse solo con criterios de eficiencia operativa. Debe acompañarse de transparencia, marcos legales claros, auditorías independientes y un análisis estratégico de soberanía digital. Para América Latina, el caso Palantir ofrece una oportunidad para diseñar políticas públicas que equilibren innovación y control democrático antes de replicar modelos de contratación que podrían generar dependencias difíciles de revertir.