Cómo Musk y Zuckerberg convencieron a Trump de cancelar una orden ejecutiva sobre IA

Qué ocurrió

Un anuncio que iba a ser formalmente firmado por la Casa Blanca no llegó a materializarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió dejar sin efecto —al menos de momento— una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que ya había sufrido varios retrasos. Según reportes de prensa, la decisión se produjo después de conversaciones directas entre Trump y varios actores clave de la industria tecnológica: Elon Musk (xAI), Mark Zuckerberg (Meta) y el inversionista David Sacks, quien hasta hace poco fungía como asesor de la Casa Blanca en asuntos de IA y criptomonedas.

De acuerdo con Semafor y otras fuentes citadas por medios estadounidenses, las conversaciones se desarrollaron entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. El argumento que convenció a la Casa Blanca apeló a la necesidad de no obstaculizar la ventaja competitiva de EE. UU. frente a China, una prioridad recurrente en la agenda del gobierno.

Qué proponía la orden (y por qué no fue aceptada)

La orden no buscaba imponer un marco regulatorio estricto. En términos prácticos, habría establecido un mecanismo voluntario para que los desarrolladores de modelos de IA pudieran interactuar con agencias federales y presentar modelos avanzados para una revisión de seguridad hasta 90 días antes de su lanzamiento público. No contemplaba un régimen de licencias ni periodos de retención obligatorios; era, en esencia, voluntaria.

Sin embargo, incluso esa propuesta fue considerada por algunos actores del Ejecutivo como un posible “bloqueador” de la competitividad. Trump explicó públicamente que había pospuesto la firma porque no le gustaban ciertos aspectos del texto, sin detallar cuáles. Fuentes indican que la presión de líderes de la industria que tienen intereses directos en mantener un campo regulatorio lo menos restrictivo posible pesó en la decisión.

Quién tiene influencia en la política de IA de EE. UU.

El episodio dejó en claro algo que muchos observadores habían señalado: la capacidad de ciertos ejecutivos y asesores para incidir directamente en decisiones de política pública es notable. Musk compite en el espacio de modelos avanzados con empresas como OpenAI y Anthropic; su modelo de negocio favorece un entorno regulatorio más abierto. Meta, bajo Zuckerberg, ha tomado posiciones públicas a favor del desarrollo abierto de herramientas de IA. David Sacks, aunque ya no ocupa un cargo formal en la Casa Blanca, parece mantener influencia suficiente para intervenir en la agenda ejecutiva.

Además, hay reportes de que OpenAI obtuvo respaldo de la Casa Blanca para impulsar regulaciones a nivel estatal, una táctica interesante si se considera que la administración también había amenazado previamente con intervenir contra estados que adoptaran leyes que considerara problemáticas. Esa aparente incoherencia muestra que el problema de coherencia en la política pública va más allá de una firma retrasada.

El vacío regulatorio y la respuesta internacional

Estados Unidos no cuenta todavía con una legislación integral sobre IA. La gobernanza existente se ha ido armando de manera fragmentaria: órdenes ejecutivas, guías de agencias y acuerdos voluntarios. Recientemente, el centro federal para estándares e innovación en IA anunció acuerdos de evaluación con empresas como Google DeepMind, Microsoft y xAI para evaluar modelos antes de que estén disponibles públicamente, y ese programa sigue activo pese al aplazamiento de la orden.

En contraste, China avanza de manera más directa hacia un marco regulatorio amplio. El Consejo de Estado chino y otros órganos han incluido la regulación de la IA en planes legislativos y exigencias internas, como la creación de comités de ética en empresas. La diferencia de ritmo y enfoque entre Washington y Beijing es notable: mientras una potencia debate hasta dónde llevar la supervisión, la otra codifica reglas y plazos.

Implicaciones para América Latina

El episodio estadounidense no es solo una noticia de política interna: tiene implicaciones concretas para América Latina. Muchas empresas latinoamericanas dependen de servicios, infraestructura y modelos desarrollados por grandes proveedores globales. Un entorno regulatorio inestable en EE. UU. puede traducirse en incertidumbre sobre la seguridad, la trazabilidad y la responsabilidad de las tecnologías que llegan a la región.

Además, la influencia directa de figuras corporativas en la política pública norteamericana envía una señal sobre quién define las reglas del juego. Para gobiernos y reguladores latinoamericanos esto plantea dos riesgos principales: 1) quedar a remolque de normas diseñadas en otros contextos y 2) ver limitadas sus opciones regulatorias por presiones geo‑políticas y comerciales.

No obstante, también hay oportunidades. La vacilación de EE. UU. abre un espacio para que países de la región desarrollen marcos adaptados a sus realidades —protección de datos, inclusión digital, impulso a capacidades locales— y para coordinarse regionalmente en estándares y certificaciones que eviten la fragmentación.

Recomendaciones para tomadores de decisión en la región

• Diseñar estrategias nacionales de IA que combinen seguridad, competitividad y protección de derechos, evitando copiar de forma acrítica marcos externos.
• Fomentar diálogos público‑privados con transparencia y límites claros sobre conflicto de intereses para que la industria aporte sin dominar la agenda.
• Coordinar esfuerzos regionales para estandarizar criterios de evaluación de riesgos de modelos y prácticas de auditoría técnica.
• Impulsar capacidad técnica en organismos estatales para evaluar modelos y contratos con proveedores internacionales.
• Promover cláusulas de gobernanza y responsabilidad en adquisiciones públicas que incluyan requisitos de transparencia, protección de datos y pruebas de seguridad.

Conclusión

Lo ocurrido en la Casa Blanca, donde una orden ejecutiva sobre IA fue paralizada tras intervenciones de líderes del sector tecnológico, revela la tensión entre la necesidad de gobernanza y los intereses comerciales que prefieren un entorno lo más abierto posible. Para América Latina, la lección es doble: no asumir que los marcos se decidirán fuera de la región y aprovechar la ventana de oportunidad para desarrollar políticas propias, informadas por contextos locales y por una visión estratégica que combine innovación y protección ciudadana.

Mientras las grandes potencias negocian el equilibrio entre control y competitividad, los gobiernos latinoamericanos pueden —y deben— avanzar con audacia y prudencia en su propio rumbo de regulación y adopción responsable de la inteligencia artificial.