Multa récord a Meta: Nuevo México impone 25.000 millones por engaños en Facebook

Un fallo histórico contra Meta

Un juez de Nuevo México ha ordenado a Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar 25.000 millones de dólares tras declarar que la compañía engañó a sus usuarios respecto a la moderación de contenidos y sus políticas de privacidad. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la sanción como la mayor impuesta a Meta desde su creación.

El juez Francis Mathew sostuvo que la conducta de Meta fue intencionada, sistemática y se repitió a lo largo del tiempo. De acuerdo con la sentencia, el jurado constató hasta 43 millones de infracciones a las protecciones al consumidor de ese estado, y la ley estatal permite imponer hasta 5.000 dólares por cada infracción hallada, lo que explica la cuantía final de la multa.

Meta ha anunciado que apelará la decisión.

Qué le imputó Nuevo México a Meta

La demanda estatal se centró en dos ejes principales: que Facebook presentó declaraciones engañosas sobre cómo moderaba contenidos y que falló en proteger la privacidad de los usuarios. Un ejemplo clave en el juicio fue la filtración de datos a través de un test de personalidad de un tercero, que habría permitido recopilar información de alrededor de 87 millones de usuarios. Esos datos, según el caso, fueron vendidos a la empresa Cambridge Analytica, conocida por violaciones de privacidad y por haber trabajado con campañas políticas como la de Donald Trump en 2016.

Durante el proceso, Meta negó que fuera posible demostrar que sus prácticas de privacidad o moderación hubieran afectado la vida de los habitantes de Nuevo México. Sin embargo, los fiscales argumentaron que las declaraciones públicas de la empresa sobre la protección de datos y los estándares de la plataforma engañaron no solo a usuarios individuales, sino a toda la población del estado.

Montos en disputa y precedentes judiciales

Nuevo México había reclamado inicialmente entre 35.000 y 40.000 millones de dólares; por su parte Meta intentó pagar mucho menos, proponiendo una cifra cercana a 3.400 millones. El juez aplicó la sanción máxima prevista por la ley estatal, basándose en la gravedad, repetición y alcance de las infracciones constatadas.

Esta decisión se suma a otras multas y acuerdos recientes contra Meta. En agosto, la compañía aceptó un arreglo de 18.000 millones de dólares con fiscales estatales de todo Estados Unidos para resolver demandas que alegaban que Facebook e Instagram fueron diseñados para generar adicción en menores y que recopilaron indebidamente datos de usuarios jóvenes; sin embargo, Nuevo México (y Florida) optaron por no adherirse a ese acuerdo y siguieron litigando por su cuenta.

Además, el propio Estado de Nuevo México ya había impuesto con anterioridad otras sanciones: en agosto un tribunal obligó a Meta a pagar 567 millones de dólares por daños al bienestar y la salud mental de menores, destinados a un fondo de salud mental para adolescentes, y en marzo se impuso un pago de 375 millones por falta de seguridad hacia menores. En 2019 Meta llegó a un acuerdo de 5.000 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC) en Estados Unidos, y hace unos años recibió una multa en Europa —1.200 millones de euros imponiendo la autoridad irlandesa— por permitir el acceso de servicios de seguridad estadounidenses a datos de usuarios europeos.

Responsables y testimonios

Durante el juicio, Mark Zuckerberg testificó por vídeo y también lo hizo Sheryl Sandberg, su antigua directora de operaciones. La defensa de Meta mantuvo la defensa de la libertad de expresión y negó que la plataforma fuera un caldo de cultivo para la desinformación y contenidos violentos en la medida que los fiscales sostienen.

Los fiscales, en cambio, resaltaron la magnitud de la audiencia alcanzada por Facebook en Nuevo México y la implicación de altos cargos en las declaraciones que resultaron ser falsas o engañosas.

Destino de los fondos y respuesta oficial

Según comunicados del fiscal Raúl Torrez y agencias como AP, los 25.000 millones se canalizarán hacia un fondo estatal destinado a la educación. Meta ha expresado que recurrirá la sentencia ante instancias superiores, por lo que el monto y su eventual desembolso podrían demorarse mientras se resuelven recursos.

Relevancia para América Latina

Aunque la sentencia aplica en Estados Unidos, el caso sienta precedentes relevantes a nivel global: demuestra cómo reguladores y fiscalías estatales pueden usar legislaciones locales para responsabilizar a gigantes tecnológicos por prácticas de privacidad y por la gestión de contenido. Para gobiernos y reguladores en América Latina, el fallo ofrece lecciones prácticas sobre enfoques procesales y la posibilidad de exigir reparaciones económicas y medidas correctivas que vayan más allá de sanciones simbólicas.

Empresas tecnológicas que operan en la región deberían tomar nota: la combinación de litigio estratégico, pruebas documentales sobre el manejo de datos y campañas públicas que muestren daños a menores o a consumidores puede resultar en consecuencias legales y reputacionales significativas.

¿Qué sigue?

Meta ha anunciado su intención de apelar. El proceso de apelación puede ser largo y la sentencia inicial podría ser confirmada, reducida o revocada por tribunales superiores. Mientras tanto, la compañía enfrenta múltiples frentes legales y regulatorios que, según el expediente del juicio y la cronología reciente, han erosionado su reputación pública.

Para responsables de políticas públicas y tomadores de decisión en América Latina, este caso refuerza la importancia de actualizar marcos regulatorios de privacidad y protección de menores, así como de coordinar acciones transfronterizas cuando grandes plataformas digitales operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones.

Conclusión

El fallo de Nuevo México contra Meta representa un hito en la rendición de cuentas de plataformas digitales por prácticas relacionadas con privacidad y protección de usuarios. Más allá del impacto económico inmediato, la sentencia proyecta un mensaje claro: los estados pueden utilizar sus leyes de protección al consumidor para sancionar comportamientos sistemáticos de empresas tecnológicas y exigir reparaciones que beneficien a la comunidad. En un contexto latinoamericano, la resolución es una advertencia y una guía sobre cómo avanzar en la supervisión y regulación de este tipo de plataformas.