Multa récord de 750.000€ por la rifa de un coche: lecciones para influencers y empresas
El Ministerio de Consumo impuso una sanción de 750.000 euros a EBR Management SLU por organizar una rifa de un coche de lujo sin la autorización prevista en la Ley del Juego. El caso, vinculado públicamente al influencer TheGrefg, plantea preguntas sobre responsabilidad, transparencia y cumplimiento normativo para creadores y empresas.
Resumen del caso
El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 750.000 euros a EBR Management SLU por organizar una rifa de un vehículo de lujo sin contar con la autorización exigida por la Ley de Regulación del Juego (LRJ). La investigación determinó que la compañía comercializó participaciones que podían adquirirse desde direcciones IP españolas y promocionó el sorteo a través de las redes sociales de un conocido creador de contenidos. Aunque el departamento no publicó el nombre del influencer sancionado, los datos públicos sobre fechas, empresa y características del sorteo coinciden con la rifa anunciada por el youtuber TheGrefg, alias de David Cánovas.
Cómo funcionó la rifa
Entre el 24 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, la empresa puso a la venta un “wallpaper” digital a un euro en su sitio web; cada compra otorgaba una participación para el sorteo de un automóvil de alta gama. Se registraron 376.850 compras, por lo que la recaudación rondó esa cifra en euros. El vehículo sorteado era propiedad del promotor y se identificó públicamente como un Tesla Model S Plaid, cuyo coste según el propietario se situó en casi 120.000 euros, aunque en la resolución se menciona un valor del vehículo superior a 75.000 euros.
Motivo de la sanción y proceso administrativo
La Dirección General de Ordenación del Juego inició el expediente sancionador al considerar que la acción constituía una infracción muy grave tipificada en el artículo 39.a) de la LRJ por celebrarse una rifa sin título habilitante. La Dirección General de Consumo resolvió imponer la multa por un importe que equivale al doble de la cantidad recaudada. La normativa prevé sanciones que pueden alcanzar hasta un millón de euros para infracciones de esta gravedad; en este caso el importe final quedó en 750.000 euros.
EBR Management SLU presentó un recurso argumentando que la iniciativa era una “combinación aleatoria con fines publicitarios o promocionales”, pero el Ministerio desestimó esas alegaciones y mantuvo que se trató de una rifa que requería autorización administrativa. También rechazó reducir más la sanción, indicando que en el cálculo ya se había aplicado una disminución previa.
Reacción del influencer y contexto público
El creador de contenidos aludido respondió en la red social X declarando que la empresa sancionada “no es mía ni soy yo” y que, de recibir una multa a su nombre, la reconocerá y la pagará. No obstante, la compañía fue promocionada por el influencer en sus canales y aparece en las bases legales del sorteo que difundió a sus casi 20 millones de seguidores.
No es el único episodio controversial vinculado al mismo creador: en 2024 su empresa inmobiliaria fue objeto de atención pública por un intento de desalojo en Andorra, asunto que terminó con la justicia dando la razón a la inquilina afectada.
Comparativa: sanciones previas a influencers en España
Aunque hay antecedentes de sanciones a creadores, ninguna alcanzaba esta magnitud. En julio pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a tres youtubers por no identificar correctamente publicidad y no proteger a menores: Ibai Llanos (568 euros), Jordi Wild (1.241 euros) y Nachter (1.067 euros). Esos montos eran simbólicos al compararlos con la multa impuesta ahora por Consumo.
Lecciones para empresas, creadores y reguladores en América Latina
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Conocer el marco legal relevante. Muchas jurisdicciones exigen autorizaciones específicas para sorteos, rifas y juegos que impliquen azar y contraprestación económica. Antes de lanzar promociones, las empresas deben verificar si la acción encaja en la categoría de juego o promoción comercial y solicitar las licencias o registros que corresponda.
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Claridad en la responsabilidad contractual. Contratar a una empresa externa no exime a quien promociona un sorteo de responsabilidades reputacionales y, en algunos casos, legales. La comunicación pública sobre quién organiza y quién se beneficia del sorteo debe ser transparente.
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Segmentación y límites geográficos. La posibilidad de participar desde IP españolas fue clave en la instrucción del expediente. Para acciones internacionales conviene establecer controles de acceso por jurisdicción y asesorarse sobre normativa local en cada mercado objetivo.
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Documentación legal accesible. Las bases legales del sorteo son prueba de la relación entre promotor y empresa organizadora. Mantener contratos y documentación que delimiten responsabilidades puede ser determinante en sanciones administrativas o litigios.
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Reputación y riesgo de marca. Más allá del coste económico de una multa, hay un impacto reputacional que puede afectar alianzas comerciales, audiencias y confianza del público. Para tomadores de decisión en empresas y agencias de la región, estos riesgos deben integrarse en la evaluación de campañas con influencers.
Implicaciones regulatorias y próximo impacto en el sector
Esta sanción marca un precedente en cuanto al alcance de la Ley del Juego sobre promociones vinculadas a creadores de gran audiencia. Para reguladores latinoamericanos puede ser un caso de referencia al diseñar normas sobre publicidad digital, sorteos transfronterizos y responsabilidad de intermediarios. Para el sector privado, el caso subraya la necesidad de reforzar cumplimiento y gobernanza en campañas que mezclan marketing y mecanismos de azar.
Conclusión
La multa de 750.000 euros impuesta a EBR Management SLU por organizar una rifa sin autorización no solo tiene un efecto económico considerable, sino que plantea una advertencia clara al ecosistema de creadores y a las empresas que los contratan. La lección central es que la creatividad en marketing no exime del cumplimiento normativo: sorteos y promociones deben diseñarse con asesoría legal, controles técnicos y transparencia para evitar sanciones y daños a la reputación. Para empresas y reguladores en América Latina, el caso ofrece material para revisar marcos regulatorios, buenas prácticas y responsabilidades en campañas que cruzan fronteras digitales.
Fuente original: El Pais IA