Meta condenada: $375 millones por no proteger a menores en sus redes

Veredicto histórico en Nuevo México

Un jurado de Nuevo México determinó que Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, utilizó sus plataformas sin las medidas de seguridad necesarias, facilitando que depredadores sexuales contactaran a menores. El fallo, anunciado tras un juicio celebrado en Santa Fe que comenzó el 9 de febrero y duró alrededor de siete semanas, establece que la compañía actuó a sabiendas y violó la ley estatal contra las prácticas desleales (Unfair Practices Act).

Como resultado, la juez impuso a Meta una multa por daños de 375 millones de dólares —unos 323 millones de euros— en uno de los golpes jurídicos más relevantes para la empresa en materia de protección infantil en redes sociales. El monto es considerable, aunque la fiscalía estatal había calculado alrededor de 2.000 millones para compensar a, según sus cifras, más de 207.000 menores que accedían mensualmente a sus servicios.

Qué consideró el jurado

El veredicto se basó en varias conclusiones clave: el jurado dio por ciertas las acusaciones de declaraciones falsas o engañosas por parte de la compañía; consideró que Meta incurrió en prácticas comerciales abusivas aprovechándose de la inexperiencia de los menores; y llegó a la conclusión de que la empresa priorizó beneficios por encima de la seguridad infantil y juvenil. Además, el jurado entendió que Meta ocultó información sobre los efectos mentales que sus plataformas podían tener en niños y adolescentes.

Las deliberaciones del jurado fueron breves —apenas un día— después de un proceso judicial que, según la fiscalía general de Nuevo México, Raul Torrez, comenzó a gestarse en 2023 y tardó tres años en llegar a esta sentencia. Tras conocerse el fallo, Torrez señaló: “Esta es una victoria histórica para todos los niños y todas las familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los menores” y agregó que los directivos de la compañía “sabían que sus productos perjudicaban a los niños, hicieron caso omiso de las advertencias de sus propios empleados y mintieron al público sobre lo que sabían”.

Defensa de Meta y posicionamiento público

Meta anunció que apelará la decisión. En un comunicado, la compañía defendió sus políticas de seguridad: “Nos esforzamos por garantizar la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de las dificultades que entraña identificar y eliminar a los usuarios malintencionados o los contenidos nocivos”. Añadieron que seguirán defendiéndose con firmeza y confiando en su historial en materia de protección de adolescentes en Internet.

El abogado de la empresa, Kevin Huff, afirmó durante el juicio: “las pruebas demuestran que Meta invierte en seguridad no solo porque es lo correcto, sino porque es bueno para el negocio”. Huff sostuvo que las aplicaciones están diseñadas para conectar personas con amigos y familiares, no para facilitar el contacto con depredadores.

El panorama legal paralelo: California y la vista sobre adicción

El juicio de Nuevo México coincide con un proceso casi paralelo en Los Ángeles, California, que está siendo observado como termómetro de lo que podría venir. Ese caso incluye la demanda de una mujer identificada como Kaley G. M., quien —según sus abogados— desarrolló una adicción a las redes sociales desde los seis años, llegando a pasar hasta 16 horas diarias en las plataformas y sufriendo consecuencias clínicas como ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha comparecido en estos procesos: en el caso californiano declaró en persona y, en el de Nuevo México, participó por videollamada. Durante su declaración el 18 de febrero en Los Ángeles, defendió restricciones de edad y apuntó a la responsabilidad de algunos menores que mienten sobre su edad para acceder a los servicios: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, dijo según el registro del juicio.

Los procesos en Estados Unidos son sólo la punta del iceberg: se esperan alrededor de 1.500 demandas relacionadas con el impacto de las redes sociales en menores durante el año, y más de 40 abogados de distintos estados han interpuesto reclamaciones contra Meta por los efectos adictivos y de salud mental atribuidos a sus productos.

Qué viene ahora: segunda fase y consecuencias posibles

El caso de Nuevo México tendrá una segunda fase en mayo, en la que un juez, no un jurado, determinará si las prácticas de Meta constituyen un problema de carácter público —por ejemplo, si deben considerarse una “nuisance” o molestia pública— y qué medidas correctoras podrían imponerse. Entre las sanciones posibles está la obligación de financiar y ofrecer programas públicos para reparar daños a menores y sus familias.

Meta adelantó su intención de apelar y es probable que la disputa avance por varias instancias, como suele ocurrir en litigios de esta magnitud.

Implicaciones para América Latina

Aunque este fallo se originó en Estados Unidos, tiene relevancia directa para actores públicos, empresas y familias en América Latina. Reguladores y autoridades de protección al menor en la región observan con atención estos precedentes judiciales: un veredicto de este tipo puede impulsar revisiones normativas, exigir mayores obligaciones de transparencia y seguridad a plataformas y motivar demandas similares a nivel local.

Para empresas tecnológicas que operan en la región, el mensaje es claro: la supervisión pública y judicial sobre el diseño de productos que afectan a menores se intensifica. Para gobiernos y responsables de políticas públicas, la sentencia ofrece un punto de referencia sobre qué tipo de pruebas y argumentarios han logrado éxito en tribunales. Para colegios, padres y organizaciones civiles, viene la oportunidad —y el reto— de traducir la atención mediática en políticas concretas de prevención, educación digital y soporte a la salud mental juvenil.

Conclusión

El fallo de Nuevo México marca un hito en la litigación contra grandes plataformas por su impacto sobre niños y adolescentes. Aunque la sanción económica es solo una parte del conflicto legal y la batalla continuará en apelaciones y en la segunda fase del juicio, el veredicto subraya una tendencia creciente: los tribunales están dispuestos a responsabilizar a las empresas tecnológicas cuando las pruebas indican que priorizaron beneficios por encima de la seguridad infantil.

El desenlace podría acelerar cambios regulatorios y judiciales, no sólo en Estados Unidos sino también en otras jurisdicciones donde la preocupación por el bienestar digital de menores se ha convertido en una prioridad pública.