Cómo un ingreso psiquiátrico dejó al descubierto las grietas de las apuestas online

El caso que destapa fallas

Isaac, un hombre de 28 años con diagnóstico de esquizofrenia y en tratamiento desde 2015, perdió 50.000 euros en pocas semanas entre diciembre de 2024 y junio de 2025. De ese total, 20.000 euros se los jugaría mientras estaba ingresado en una unidad de psiquiatría en Barcelona durante un brote psicótico. Antes de ese ingreso había gastado otros 30.000 euros en cuatro plataformas distintas.

Su abogado, Manel Atserias, ha presentado denuncia argumentando que las empresas no activaron los mecanismos de protección contemplados en la normativa de juego responsable. Según Atserias, el comportamiento de Isaac debería haber hecho saltar todas las alarmas y evitado que reingresara al circuito de apuestas tras autoexcluirse años atrás.

El caso pone en relieve una tensión central: ¿hasta qué punto las plataformas cumplen con la obligación de proteger a personas en situación de vulnerabilidad, y es suficiente la regulación vigente para prevenir daños cuando hay claro riesgo mental o clínico?

Cómo regula hoy la norma

El real decreto de 2023 introdujo un cambio de enfoque: no solo la persona que apuesta es responsable, también lo es la empresa que ofrece el servicio. El texto define tres perfiles vulnerables a efectos de detección y medidas: jugadores con comportamientos de juego intensivo (pérdidas netas de 600 € semanales durante tres semanas consecutivas), un umbral menor para jóvenes (200 € semanales para quienes tienen 25 años o menos), y la categoría de “jugadores con comportamiento de riesgo”.

Precisamente en ese tercer grupo, según Atserias, hay mucha ambigüedad, porque la norma permite que “cada operador tenga su propio mecanismo de detección”. Para su defensa, esa puerta abierta supone una fisura que facilita que personas como Isaac sigan apostando pese a señales claras de vulnerabilidad.

Diseño del juego: elemento estructural y responsabilidad industrial

Especialistas en juego online, como Hibai López-González, señalan que la discusión no puede limitarse a factores individuales. Existen factores situacionales y estructurales que facilitan la adicción. Entre los estructurales están las decisiones de diseño —cuánto dura una tirada, la velocidad entre apuesta y resultado, los estímulos gráficos o las recompensas variables— que buscan maximizar la estancia y la repetición del usuario.

La aceleración del juego (reducir al mínimo el tiempo entre apuesta y resultado), la disponibilidad 24/7 y la imprevisibilidad generan mayor excitación que formas de recompensa más fijas. Es en ese diseño donde, argumentan los críticos, la industria tiene un margen claro de responsabilidad: no es sólo qué hace el jugador, sino cómo está pensado el servicio para enganchar.

El negocio y sus cifras en España

La industria del juego online en España supera los 8.000 millones de euros anuales, con un crecimiento impulsado por apuestas deportivas y casinos digitales, según la Memoria de Actividad de Juego de España 2024 del Ministerio de Consumo. En 2024 el número de jugadores aumentó alrededor de un 20%, con casi dos millones de jugadores activos ese año, un crecimiento en parte atribuido al uso de bonos y promociones que han sido objeto de litigio y revisión judicial.

Estudios citados en el debate muestran además que una pequeña proporción de jugadores concentra la mayor parte de los ingresos de las plataformas: alrededor del 10% de usuarios agrupa entre el 70% y el 90% de los ingresos, lo que expone una asimetría que alimenta la preocupación por el modelo de negocio.

Dónde está la raíz de la adicción: visiones contrapuestas

El análisis sobre las causas de la adicción no es unánime. Para el investigador David Pere Martínez Oro, la idea de que la industria explota deliberadamente a personas vulnerables es “directamente falsa”: se trata de un sector regulado, con controles y unidades específicas dedicadas a perseguir delitos vinculados al juego. Desde su perspectiva, la raíz está en factores individuales y en distorsiones cognitivas que se originan en procesos de socialización o en vulnerabilidades personales; si no fuera el juego, la persona podría desarrollar dependencia hacia otra actividad.

En contraste, otros expertos subrayan que reducir todo al individuo invisibiliza cómo el diseño del producto y las prácticas comerciales influyen en trayectorias adictivas. El real decreto de 2023 intenta trasladar parte de esa responsabilidad a los operadores, pero su eficacia depende de la correcta implementación y vigilancia de esos mecanismos por parte de reguladores.

Preguntas pendientes para reguladores y operadores

El caso de Isaac plantea varias cuestiones que deben responderse con urgencia:

• ¿Están los operadores aplicando de forma homogénea y efectiva los mecanismos de detección de comportamientos de riesgo exigidos por la norma?
• ¿Cómo se coordina la protección del paciente cuando su vulnerabilidad está ligada a una enfermedad mental diagnosticada y en tratamiento? ¿Hay protocolos con centros sanitarios?
• ¿Qué papel juegan las autoexclusiones y por qué, en la práctica, resultan insuficientes para impedir que alguien vuelva a registrarse y apostar?
• ¿Tiene sentido establecer umbrales más estrictos o procedimientos automáticos de verificación cuando hay señales clínicas claras?

Responder estas preguntas exige no solo ajustes legales, sino capacidad inspectora y voluntad de las empresas para priorizar la protección sobre el crecimiento comercial.

Relevancia para América Latina y cierre

Aunque los datos cuantitativos citados en este artículo corresponden a España, el debate sobre la responsabilidad de las plataformas y el diseño adictivo del producto trasciende fronteras. En América Latina, donde el acceso a internet y el uso de apps de apuestas crecen, los dilemas regulatorios y los riesgos para personas con problemas de salud mental también están en la agenda pública y sanitaria.

El caso de Isaac es una advertencia: contar con normas no basta si su aplicación es desigual y si el diseño del servicio sigue privilegiando la rentabilidad. Proteger a las personas vulnerables —especialmente cuando hay diagnósticos clínicos como la esquizofrenia— exige protocolos claros, coordinación con servicios de salud y una supervisión rigurosa sobre cómo las plataformas detectan y actúan ante señales de riesgo. Si no, los incidentes como este seguirán reapareciendo, con costos humanos y sociales que la regulación pretendía evitar.