El gasto público en ChatGPT se dispara: qué compran las administraciones y por qué importa

Resumen ejecutivo

En apenas tres años las administraciones públicas españolas han incorporado de forma significativa pagos por servicios de chatbots de inteligencia artificial. De un único contrato en noviembre de 2022, cuando se lanzó ChatGPT, se pasó a más de 1.350 contratos en 2025/2026, con un gasto directo público que supera los 394.000 euros, casi todo vinculado a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.

¿Qué se está comprando y quién lo vende?

La mayor parte del valor identificado corresponde a contratos explícitos con OpenAI. Anthropic, la empresa responsable de Claude, aparece en menor medida: 56 contratos por un total de 28.000 euros. Además, hay menciones puntuales a Copilot (Microsoft) y a Gemini (Google): Copilot registra tres contratos en 2024 por 1.348 euros en total, y Gemini aparece en un contrato de 2026 por 4.000 euros (diez licencias para el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables).

Es importante matizar que el análisis incluye solo contrataciones directas donde el objeto del contrato menciona explícitamente estos chatbots. El monto real destinado a servicios de IA generativa puede ser mayor, porque muchas licencias de Google o Microsoft podrían incluir herramientas como Gemini o Copilot sin detallarlo en el objeto del contrato.

Contratos previos de ‘IA’ y su diferencia

Si ampliamos la mirada, existen más de 2.500 contratos entre 2018 y 2026 que incluyen “inteligencia artificial” en su objeto por un valor conjunto cercano a 172 millones de euros. Sin embargo, esos acuerdos suelen estar orientados a la creación de plataformas, infraestructura o proyectos a medida —beneficiando empresas como NTT Data Spain, Telefónica o Indra— y no a suscripciones individuales para chatbots dirigidas a personal de la administración.

Tipos de adquisiciones: suscripciones individuales vs despliegues institucionales

La inmensa mayoría de los contratos con OpenAI y Anthropic publicados en el Portal de Contratación del Estado son suscripciones individuales: profesores universitarios, personal administrativo o investigadores que solicitan a su organismo el reembolso o la contratación de cuentas. Solo un puñado de organismos ha abierto concursos específicos para licencias a nivel institucional.

Ejemplos relevantes:

• Ayuntamiento de Barcelona: el mayor contrato con OpenAI detectado es de 70.000 euros para “licencias ChatGPT Enterprise” destinadas a Barcelona Serveis Municipals (la entidad que gestiona cementerios, el servicio de bicicletas Bicing, el zoológico, entre otros). La documentación asociada sugiere 52 cuentas de usuario.
• CESCE (dependiente del Ministerio de Hacienda): el mayor contrato con Anthropic suma apenas 7.000 euros y figura como contratación de Claude para “mantenimiento de Matlab”, un uso vinculado al análisis de datos y desarrollo de código.

Universidades y ministerios: los más activos

Las universidades aparecen entre los principales compradores directos:

• Universidad de Murcia: casi 27.000 euros en 402 contratos con empresas de IA. La universidad afirma que no hay una licencia corporativa con OpenAI; las suscripciones son particulares de profesorado y personal de gestión.
• Universitat de València: tres contratos de 13.000 euros cada uno (39.000 euros en total entre 2024 y 2026) para un chatbot destinado a reforzar formación del personal directivo y mandos intermedios.
• Universitat Pompeu Fabra (UPF): 320 contratos que suman 15.700 euros. En este caso, las compras se gestionan de forma muy descentralizada por grupos de investigación y la universidad también ofrece servicios de Google que incluyen Gemini y NotebookLM bajo licencias educativas.

En el ámbito ministerial, Defensa (a través de ISDEFE) ha registrado un gasto de 17.300 euros en IA, con objetivos descritos de forma amplia: formación, experimentación controlada de casos de uso y evaluación de tecnologías.

Geografía y adopción temprana

Las entidades de Cataluña fueron de las primeras en publicar contratos con ChatGPT en el primer año de vida del servicio: desde iniciativas como Mobile World Capital a universidades y la administración municipal de Barcelona. No obstante, la adopción no se limita a grandes ciudades: también aparecen pequeños ayuntamientos y diversas entidades públicas en el listado de contratos.

Lo que los números dicen (y lo que no dicen)

Los montos directos vinculados a ChatGPT y Claude siguen siendo modestos en términos de presupuesto público total, pero la velocidad de crecimiento es lo que llama la atención: pasar de un contrato en 2022 a más de 1.350 en tres años indica una penetración rápida, aunque fragmentada y mayoritariamente descentralizada.

Además, la cifra registrada puede subestimar el uso real por parte de la Administración, ya que muchas licencias que incluyen capacidades de IA generativa no detallan explícitamente esos servicios en el contrato.

Riesgos, desafíos y preguntas abiertas

• Gobernanza y control de datos: las suscripciones individuales y compras descentralizadas dificultan la gestión centralizada de riesgos relacionados con privacidad y seguridad de la información.
• Transparencia y trazabilidad: cuando los proveedores de productividad incluyen IA en suites corporativas sin especificarlo, es más difícil evaluar costos y exposición.
• Capacitación y casos de uso: muchas dependencias señalan la formación y la experimentación como objetivos; queda por ver cuáles son los casos de uso que se consolidan y qué ahorro o eficiencia producen.

Implicaciones para América Latina

Aunque los datos son de España, el patrón tiene lecciones claras para gobiernos latinoamericanos: la adopción de herramientas generativas suele empezar como iniciativas individuales o de unidades académicas y puede escalar rápidamente sin una estrategia central. Por ello, los tomadores de decisión en la región deben considerar marcos de gobernanza, contratos marco y políticas de privacidad antes de permitir adopciones masivas.

Conclusión

El fenómeno muestra una transición en cómo la administración pública prueba y adopta IA: de proyectos grandes de infraestructura a miles de microcontrataciones que permiten a usuarios concretos incorporar herramientas de IA en su trabajo diario. El reto ahora es pasar de la experimentación descentralizada a estrategias institucionales que garanticen seguridad, eficiencia y transparencia, sin frenar la innovación que ya está en marcha.