Frances Haugen: cinco años después, ¿por qué dice que estamos peor que antes?

La filtración que cambió el debate público

En septiembre de 2021, una serie de reportajes basados en documentos internos de Facebook —conocidos como los Facebook Files— sacudieron a la industria tecnológica. Esos papeles mostraban que ejecutivos de la compañía eran conscientes de los daños que provocaban Instagram y Facebook entre adolescentes. La fuente de ese material fue Frances Haugen, quien dejó su puesto en la empresa llevando consigo alrededor de 21.000 documentos.

La revelación produjo consecuencias inmediatas: audiencias en el Senado de EE. UU., investigaciones regulatorias y un debate público intenso sobre la responsabilidad de las plataformas en la salud mental y la seguridad de los menores. A partir de ese momento, familias, escuelas y fiscalías comenzaron a unir piezas y a perseguir responsabilidades judiciales y políticas contra Meta y otras redes.

De las denuncias a los tribunales: resultados y alcance

Las pruebas aportadas por Haugen alimentaron demandas colectivas y acciones de autoridades estatales. En 2023, fiscales generales de 41 estados de EE. UU. presentaron cargos contra Meta por supuestamente perjudicar a niños y no advertir sobre los riesgos de sus productos. Miles de familias y varias instituciones educativas también se sumaron a litigios contra la compañía.

En meses recientes se han conocido veredictos que marcan precedentes. Un jurado de Nuevo México determinó que Meta engañó a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y puso en riesgo a menores, en un caso que se centró en explotación infantil —tráfico de menores, intercambio de imágenes sexuales de menores y abuso sexual infantil— según lo señalado por Haugen. En Los Ángeles, otro veredicto responsabilizó a Meta y a YouTube por generar conductas adictivas en menores.

Aunque las multas directas pueden parecer limitadas en el ámbito local —por ejemplo, los 325 millones de dólares en el caso de Nuevo México— Haugen y otros han señalado que, al extrapolar esos montos a todo el país, las cifras podrían alcanzar dimensiones muy superiores. Además, estos fallos abren la puerta a más demandas estatales y federales que podrían multiplicar la presión legal sobre las plataformas.

Por qué, según Haugen, la situación empeoró tras su filtración

Al principio, Haugen recuerda que Meta reaccionó anunciando un aumento de recursos en seguridad y moderación. Contrataron personal y desarrollaron sistemas para mitigar daños. Sin embargo, la compra de X por Elon Musk y la reducción drástica de sus equipos de seguridad y moderación envió una señal distinta al mercado: que reducir la inversión en seguridad podía no acarrear consecuencias inmediatas.

Esa decisión, según Haugen, provocó un efecto dominó en la industria. Otras empresas adoptaron posturas similares, priorizando costos o crecimiento sobre inversiones sostenidas en seguridad. Como resultado, y pese a las buenas intenciones iniciales, Haugen afirma que hoy podríamos estar “peor que cuando filtré los documentos”.

Herramientas regulatorias y su potencial sin aprovechar

Haugen también menciona la existencia de instrumentos regulatorios con capacidad real para presionar a las plataformas. En Europa, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales (DSA) plantea obligaciones de transparencia y seguridad que podrían utilizarse para forzar cambios en el diseño y la operativa de los servicios en línea. Sin embargo, su aplicación efectiva depende de voluntad política y de la capacidad de los reguladores para exigir cumplimiento.

En Estados Unidos, la combinación de veredictos judiciales estatales, demandas colectivas y potenciales acciones federales conforma un frente legal en expansión. Haugen anticipa que en los próximos meses saldrán a la luz más documentos como prueba en juicios relevantes, y que se activarán la parte federal de las demandas colectivas de familias y distritos escolares.

El papel de la sociedad civil y la transparencia

Haugen ahora vive en Puerto Rico y ha fundado la ONG Beyond the Screen, con el objetivo de promover mayor transparencia en las redes sociales. Su trayectoria incluye pasos previos por Google y Pinterest, y su perfil público la ha convertido en una de las voces más visibles en el debate sobre responsabilidad tecnológica.

Para ella, el caso no es solo legal: es cultural y político. Existen ámbitos de consenso inusuales entre posiciones ideológicas distintas —por ejemplo, en la preocupación compartida por el impacto en menores—, lo que ha facilitado alianzas entre actores que normalmente estarían enfrentados en otros debates.

¿Qué implica esto para América Latina?

Aunque las acciones judiciales mencionadas se han desarrollado principalmente en EE. UU., el mensaje trasciende fronteras. Las plataformas implicadas operan a escala global y muchas prácticas de diseño de producto, distribución de contenido y modelos de moderación se replican en América Latina. Las consecuencias legales y regulatorias en Estados Unidos y Europa pueden traducirse en exigencias similares en la región: mayor fiscalización, demandas de transparencia y presión pública para proteger a menores.

Gobiernos, operadores educativos y organizaciones civiles en América Latina deberían observar estos desarrollos con atención: las estrategias regulatorias, las pruebas que han convencido a jurados y las lecciones sobre políticas públicas pueden servir para anticipar marcos normativos nacionales y mecanismos de supervisión más eficaces.

¿Qué sigue en esta historia?

Según Haugen, el proceso está lejos de terminar. A corto plazo, espera la publicación de más documentos relacionados con el juicio de California y el avance de la parte federal de las demandas colectivas. En paralelo, los fallos recientes podrían incentivar a otros estados y actores a presentar demandas análogas.

En términos más amplios, la combinación de sentencias judiciales, presión pública y posibilidades regulatorias genera un entorno donde las plataformas ya no pueden operar con la misma impunidad de años anteriores. La velocidad y la magnitud del cambio dependerán de decisiones políticas, de la capacidad de los reguladores y de la voluntad de la sociedad para mantener el tema en la agenda.

Conclusión

La filtración de Frances Haugen abrió una caja de resonancia que puso en la mira comportamientos internos de las grandes plataformas. Cinco años después, su evaluación es pesimista: pese a esfuerzos iniciales, la industria habría retrocedido en aspectos clave de seguridad y moderación. Para América Latina, los veredictos y la intensificación del debate ofrecen una oportunidad para diseñar respuestas propias: regulaciones más claras, supervisión efectiva y políticas públicas que prioricen la protección de menores en un entorno digital cada vez más central en la vida cotidiana.