Fracking en México: el mapa de impacto que podría afectar a casi 6 millones de personas

Qué revela el estudio de CartoCrítica

Un análisis reciente de la organización CartoCrítica levantó un mapa detallado de las zonas donde la fracturación hidráulica (fracking) podría implementarse en México. El estudio, realizado a partir de datos públicos —atlas geológicos, asignaciones, pozos exploratorios, informes y presentaciones oficiales— ubica una “zona de influencia” de 7.7 millones de hectáreas repartidas en siete estados del país, donde habitan alrededor de 6 millones de personas.

Los investigadores identifican no solo extensiones territoriales potencialmente afectadas, sino también elementos sociales vulnerables: 2,405 propiedades comunales dentro de las áreas de interés, muchas de ellas con población indígena o con acceso limitado a servicios básicos como agua potable, drenaje y atención de salud.

Agua: el recurso en tensión

La demanda de agua es el argumento central del informe. La fractura hidráulica requiere volúmenes enormes de agua por pozo y la investigación alerta que buena parte de esa demanda recaería sobre cuencas y acuíferos ya en estrés.

Un caso emblemático es la región Sabinas-Burro-Picachos, en el norte del país (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). Según el estudio, explotar apenas el 10% de los recursos proyectados en esa región implicaría la perforación de 2,233 pozos y el uso de 167.5 millones de metros cúbicos de agua dulce para recuperar 6.7 billones de pies cúbicos de gas —una cantidad equivalente a cerca de dos años del consumo nacional actual de gas, según el análisis.

Ese cálculo choca con la realidad hídrica local: el 83% de la superficie de la región está en condición de estrés hídrico, los acuíferos presentan descensos y se proyecta que hacia 2050 la presión sobre el agua será alta o extrema. Manuel Llano, director de CartoCrítica, destaca que a nivel nacional el 18.6% del agua requerida para fracking recaería en cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual; en Sabinas-Burro-Picachos ese porcentaje llega al 100%.

La pregunta que plantea Llano, y que resuena en comunidades y especialistas, es simple y crítica: “¿De dónde van a sacar el agua si la cuenca y el acuífero ya no tienen?” En Estados Unidos, por ejemplo, se ha utilizado agua del Río Bravo para actividades similares; en la vertiente mexicana esa opción no está disponible de la misma manera, lo que intensifica el conflicto local por el recurso.

Lecciones desde la región: Vaca Muerta y la Cuenca Pérmica

El debate mexicano se apoya en experiencias recientes en América. En Vaca Muerta, la gran formación no convencional de la Patagonia argentina, cada pozo en su etapa operativa ha consumido durante su vida decenas de millones de litros de agua (el estudio cita cifras del orden de 80 millones de litros por pozo durante su operación). Esto ilustra la magnitud del uso hídrico que implicaría una expansión masiva del fracking.

Además del volumen de agua, existen costos por la contaminación y el manejo del agua residual. Javier Grosso, profesor de geografía en Argentina, subraya que la ecuación pública y regulatoria no puede soslayar que el agua que usan las petroleras volverá contaminada y constituirá un pasivo ambiental. Menciona, como ejemplo, que en Texas a fines de 2024 se dejaron de emitir permisos de inyección de aguas porque ya no había espacio subterráneo seguro para alojarlas, una señal de los límites prácticos para gestionar los residuos de esta industria.

Comunidades, propiedades comunales y falta de información pública

El estudio de CartoCrítica también pone sobre la mesa un déficit informativo: la ausencia de datos públicos actualizados impide a muchas comunidades saber con certeza si sus tierras están incluidas en planes de asignación o exploración. Esa opacidad dificulta la toma de decisiones locales y la defensa de derechos territoriales y ambientales.

La presencia de más de 2,400 propiedades comunales en las zonas identificadas —con numerosos asentamientos rurales y localidades con servicios limitados— aumenta el potencial de conflictos. Donde falta agua para consumo humano y producción, destinar grandes volúmenes a la industria petrolera puede generar tensiones sociales fuertes.

Riesgos sísmicos y otros impactos socioambientales

Además de la tensión hídrica, el fracking tiene asociados otros impactos documentados en la región, entre ellos la sismicidad inducida. Casos como Sauzal Bonito, en la provincia de Neuquén (cercana a Vaca Muerta), muestran que la actividad de no convencionales puede desencadenar episodios sísmicos en áreas que históricamente no presentan ese riesgo.

El informe y los especialistas consultados advierten que esos efectos no son solamente técnicos: traducen en daños a infraestructura, riesgos para la población y crecientes costos de gestión para el Estado y las comunidades.

Política, gobernanza y respuesta ciudadana

En el plano político, la presidenta creó un Comité de Científicos y Especialistas con un plazo de dos meses para analizar la fractura hidráulica y emitir recomendaciones. Mientras tanto, comunidades afectadas y organizaciones civiles se organizan para exigir una ley que prohíba la técnica o, al menos, reglas claras y estrictas que protejan el agua, la salud y los derechos territoriales.

CartoCrítica preguntó si su estudio estaba siendo considerado por el Comité; la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) no había respondido al cierre de la investigación publicada por el medio original.

Qué está en juego para México y la región

El debate sobre fracking en México no es solo técnico ni sectorial: es una discusión sobre prioridades de desarrollo, gobernanza de recursos escasos y protección de poblaciones vulnerables. Las lecciones de Argentina y Estados Unidos muestran que la expansión de los no convencionales exige no solo mapas de recursos, sino políticas claras sobre el uso del agua, manejo de residuos, monitoreo sísmico y participación informada de las comunidades.

Para tomadores de decisión en América Latina, el proceso mexicano ofrece tres lecciones inmediatas: asegurar la transparencia y la actualización de datos públicos; evaluar la disponibilidad real de agua en las cuencas afectadas antes de aprobar proyectos; y ponderar los costos ambientales y sociales acumulativos frente a los beneficios energéticos a corto plazo.

Mientras el debate sigue en la esfera pública y científica, las comunidades piden participación efectiva y normas que prioricen el acceso al agua y la protección territorial. La discusión está abierta, pero los mapas y cifras compilados por CartoCrítica marcan con claridad dónde podrían concentrarse los impactos y por qué la urgencia de información y regulación no puede esperar.