Entre marcas y leyes: cómo líderes mundiales se protegen ante los deepfakes

Introducción

La irrupción de herramientas de inteligencia artificial capaces de crear imágenes y audios hiperrealistas ha empujado a gobiernos y figuras públicas a buscar nuevas formas de protección. Mientras que algunos líderes optan por recursos individuales, como registrar la voz, otros promueven cambios legislativos que penalicen la difusión de vídeos falsos que involucren a funcionarios. Estas respuestas públicas coinciden con investigaciones que muestran el alcance del problema: al menos 46 diputadas del Parlamento Europeo han aparecido en imágenes pornográficas falsas generadas por IA, lo que ha reavivado las alarmas sobre el uso no consentido de la identidad digital.

Lo que reveló la investigación europea

La organización Agora Digitale Transformation presentó en el Parlamento Europeo un informe que señala que una de cada seis diputadas ha sido víctima de pornografía generada artificialmente. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, calificó la situación como “intolerable y deplorable” y urgió a los Estados miembros a aplicar las nuevas normas europeas, perseguir aplicaciones que faciliten la creación de ese tipo de contenido y castigar la difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento.

El caso evidencia no solo el daño individual hacia las personas afectadas, sino también un riesgo sistémico: la desinformación y las agresiones digitales pueden erosionar la confianza en instituciones democráticas y silenciar a quienes ocupan cargos públicos si no se actúa con rapidez y claridad jurídica.

El recurso individual: Meloni y el registro de la voz

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni llevó la protección personal un paso más allá al solicitar ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de su voz como marca. Según la comunicación adelantada por La Repubblica, Meloni presentó una grabación de cuatro segundos en la que pronuncia dos veces la frase Io sono Giorgia Meloni. La solicitud está en revisión, y de ser aceptada le permitiría disponer de herramientas legales para exigir la retirada de contenidos falsos y reclamar indemnizaciones por daños.

Expertos en regulación de IA advierten, sin embargo, sobre los límites de esta estrategia. Elena Gil, abogada experta y fundadora de Data Guardians, explica que registrar la voz puede ser útil en contextos comerciales, pero la protección está ligada a los productos o servicios para los que se registre la marca, por lo que no cubre todos los escenarios posibles de deepfakes, especialmente aquellos con fines políticos o maliciosos.

La apuesta legislativa: México y la llamada ‘ley anti-memes’

En México, el enfoque fue colectivo y más contundente: el pleno del Senado aprobó por 72 votos a favor y 34 en contra una reforma para penalizar el uso de vídeos falsos en los que aparezcan funcionarios públicos. La modificación, que ahora debe pasar por la Cámara de Diputados, fue bautizada por críticos como “ley anti-memes” y generó fuertes reproches de la oposición, que la calificó como un instrumento con potencial para censurar la sátira y la parodia.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa alegando que la ley busca sancionar la utilización de IA para cometer fraudes o delitos, no la sátira política ni la ofensa personal. La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el texto propone penas de hasta cinco años de prisión y multas por un monto máximo de 1,173,000 pesos mexicanos, aproximados 58,000 euros.

Este caso muestra la tensión entre proteger la integridad de la función pública y garantizar el espacio para la crítica y el humor político en redes sociales, algo de especial relevancia en América Latina, donde los memes y la sátira son piezas comunes del debate público.

¿Hace falta una ley específica sobre deepfakes?

El debate jurídico se divide entre quienes reclaman normas expresas y quienes apuestan por aprovechar marcos legales ya existentes. El abogado Borja Adsuara sostiene que en países como España no sería necesario crear una categoría legal nueva para los deepfakes, ya que la Constitución, el código penal, la normativa de protección de datos y la protección civil ofrecen herramientas suficientes para sancionar usos ilegítimos de imagen y voz. Añade que la Agencia Española de Protección de Datos ya ha iniciado expedientes por usos no consentidos de imagen y voz.

Adsuara propone como alternativa incorporar agravantes a delitos ya tipificados, por ejemplo en casos de estafa cuando el uso de un vídeo manipulado facilita la comisión del delito. Según su planteamiento, describir el daño en términos de imagen realista o manipulada evita la necesidad de reformar la ley cada vez que surge una tecnología nueva.

Elena Gil coincide parcialmente: reconoce que las protecciones actuales existen, pero argumenta que una ley que mencione explícitamente las imágenes manipuladas sin consentimiento puede ofrecer mayor seguridad jurídica a víctimas y autoridades. En el plano internacional, cita a Dinamarca como ejemplo: ese país aprobó una ley que otorga derechos sobre la identidad digital, la voz, el rostro o el cuerpo y permite reclamar indemnizaciones; al mismo tiempo contempla excepciones para la sátira y la parodia creadas por IA.

Impacto y desafíos para América Latina

Las medidas adoptadas en Europa y México sirven como referencia para gobiernos latinoamericanos que enfrentan un panorama común: poca regulación específica, alta penetración de redes sociales y una cultura política donde la sátira y los memes son formas habituales de expresión. Las opciones van desde soluciones individuales —como registrar marcas sonoras— hasta reformas penales que podrían intimidar la crítica legítima.

Además de la dimensión legal, existen desafíos técnicos y jurisdiccionales. Plataformas y aplicaciones que generan deepfakes suelen operar desde distintos países, lo que complica la retirada de contenidos y la identificación de responsables. La cooperación internacional y la presión sobre desarrolladores de herramientas de síntesis serán claves para lograr efectividad.

Conclusión

La respuesta de los líderes frente a los deepfakes combina recursos legales innovadores y reformas tradicionales. Registrar la voz como marca ofrece una vía práctica pero limitada; reformas penales pueden disuadir usos delictivos, pero también levantar dudas sobre censura y libertad de expresión. En América Latina, donde la cultura digital y la política están estrechamente entrelazadas, cualquier norma debe calibrar protección y garantías democráticas. Mientras tanto, la rapidez de la tecnología exige soluciones flexibles: campañas de concientización, herramientas de verificación y marcos legales que aborden tanto la protección de la identidad como la preservación del debate público.