EE. UU. vuelve la vista al gas venezolano: oportunidades y obstáculos

Un nuevo interés por el gas venezolano

A fines de febrero la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un video de su reunión con directivos de Shell, en el marco de una agenda diplomática que incluyó la visita del secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. En esa cita se firmaron acuerdos entre Shell y el gobierno venezolano que, según comunicados oficiales, buscan impulsar la producción de gas y explorar oportunidades de inversión.

Aunque los detalles completos de los acuerdos no han sido divulgados públicamente, fuentes oficiales y la propia Shell han señalado que los entendimientos incluyen el desarrollo de gas en alta mar, oportunidades en yacimientos terrestres, exploración, contenido local e iniciativas de formación de mano de obra. Shell además firmó pactos técnicos y comerciales con la firma venezolana Vepica y con las empresas KBR y Baker Hughes.

Contexto legal y económico: un giro en la norma

En enero de 2026 se modificó la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela, un cambio significativo tras décadas de fuerte control estatal sobre la industria petrolera. La reforma reduce el papel del Estado en algunos aspectos y facilita una mayor participación de inversionistas privados e internacionales, lo que abre el camino para que compañías como Shell trabajen en conjunto con PDVSA bajo condiciones más atractivas.

En el caso del gas, sin embargo, la inversión privada ya tenía presencia previa a la reforma: proyectos como Campo Perla —en aguas del golfo de Venezuela y explotado por consorcios que incluyen a Eni y Repsol— dan cuenta de un interés histórico por las reservas gasíferas del país. Shell, por su parte, participa en proyectos como Dragón y tiene actividades en el complejo Loran-Manatee (compartido entre Venezuela y Trinidad y Tobago, donde la participación de Shell corresponde al lado trinitense), además de operaciones terrestres en campos como Carito y Pirital en Monagas.

Reservas, gas asociado y uso actual

Venezuela posee reservas gasíferas que la ubican entre los principales países del mundo en volumen. Gran parte de ese gas es gas asociado —es decir, se encuentra en yacimientos junto al petróleo— y se utiliza mayoritariamente para facilitar la extracción de crudo. Según especialistas consultados en los reportes sobre estos acuerdos, solo una fracción se destina al consumo doméstico y una porción importante acaba siendo quemada (flaring) o reaprovechada en procesos petroleros.

La práctica de quemar gas durante la extracción responde a razones operativas: un aumento repentino de presión por la presencia de gas puede complicar o detener la producción de petróleo. Pero la quema es ambientalmente dañina y representa un desperdicio económico frente a la posibilidad de capturar, procesar y comercializar ese gas.

Infraestructura: el cuello de botella

El principal obstáculo para transformar el potencial gasífero de Venezuela en exportaciones o en un motor de desarrollo regional es la infraestructura. La captura, procesamiento, compresión y transporte del gas requieren plantas, redes de gasoductos, instalaciones de licuefacción (LNG) o acuerdos logísticos con países vecinos que permitan sacar el producto al mercado internacional.

Sin la inversión y la rehabilitación de instalaciones, así como la construcción de terminales y redes adecuadas, la producción adicional corre el riesgo de aumentar prácticas como la quema de gas o de quedar limitada a usos locales. El hecho de que gran parte de la producción actual se destine a la extracción petrolera implica que reorientarla hacia la exportación demandará cambios técnicos y comerciales que no dependen exclusivamente de la voluntad política.

Oportunidades regionales y posibles alianzas

El interés de empresas como Shell y la apertura legal pueden reactivar proyectos binacionales o trinacionales que involucren a países del Caribe y a Estados Unidos. Campos compartidos con Trinidad y Tobago, así como la cercanía del mercado norteamericano, hacen atractiva la idea de convertir a Venezuela en proveedor regional de gas, ya sea por gasoductos, por acuerdos con terminales existentes o mediante nuevos proyectos de GNL.

Para la región latinoamericana y caribeña, una mayor oferta venezolana podría significar alternativas más competitivas de abastecimiento energético y oportunidades de integración industrial. No obstante, la materialización de estos beneficios depende de inversiones sostenidas, acuerdos claros de gobernanza y la mitigación de riesgos técnicos y ambientales.

Riesgos y condiciones necesarias para avanzar

Que empresas internacionales firmen memorandos o acuerdos de intención es un primer paso; el verdadero desafío es ejecutar proyectos en un entorno complejo. La experiencia venezolana en hidrocarburos suma años de control estatal, procesos de nacionalización y una industria afectada por la falta de mantenimiento. Además, la recuperación de capacidades locales, la formación de personal y la transparencia en los contratos son requisitos para atraer capital y tecnología de manera sostenida.

Otro factor es la gestión ambiental: reducir la quema de gas implica instalar equipos de captura y procesamiento y garantizar mercados para el producto. Sin infraestructura de transporte o plantas de licuefacción, el gas adicional difícilmente se convierta en exportaciones que generen ingresos significativos.

Qué significa para los tomadores de decisiones en América Latina

Para gobiernos, reguladores y empresas de la región, los movimientos en Venezuela recuerdan que la geopolítica del gas está en transformación. Hay oportunidades para colaboración regional —por ejemplo, en proyectos transfronterizos o en el intercambio de capacidades técnicas—, pero esas oportunidades requieren marcos contractuales estables, seguridad jurídica y evaluaciones ambientales rigurosas.

Para las empresas, la posibilidad de acceder a reservas abundantes es atractiva, pero los operadores deberán evaluar riesgos operativos y políticos, además de invertir en infraestructura que convierta el recurso en producto comercializable.

Conclusión

Los acuerdos recientes entre Shell y el gobierno venezolano colocan al gas venezolano nuevamente en el mapa como opción de suministro y de inversión. Sin embargo, pasar del potencial a la realidad implica superar limitaciones técnicas y logísticas: capturar el gas asociado, construir o rehabilitar infraestructura, y asegurar mercados. La reforma legal de 2026 facilita la entrada de capital privado, pero el éxito dependerá de la ejecución, la gobernanza y la capacidad de integrar el desarrollo energético a objetivos ambientales y económicos claros para Venezuela y la región.