Cambiar el producto, no a los niños: la izquierda europea impulsa la interoperabilidad en la Ley de Niños
Un grupo de think tanks vinculados a partidos socialistas de cinco países europeos propone ampliar la Ley de Niños de la UE con obligaciones de interoperabilidad y controles de mercado. Su objetivo: regular las plataformas y la IA cambiando el producto, no la conducta de los menores.
Qué es la Ley de Niños y por qué genera debate
La denominada Ley de Niños (Kids Act) presentada por la Comisión Europea el pasado septiembre busca mitigar los riesgos que las redes sociales, los videojuegos y las herramientas de inteligencia artificial presentan para la infancia y la adolescencia. Entre las medidas que se han planteado figuran prohibir el acceso a plataformas a menores de 13 años, un ingreso gradual a los servicios digitales y limitar el tiempo de exposición a pantallas —con propuestas que llegan a una hora diaria para menores hasta los 15 años—.
Aunque la iniciativa está en trámite y sus restricciones se consideran necesarias por muchos legisladores, un grupo de think tanks vinculados a partidos socialistas de cinco países —entre ellos España— sostiene que la ley tal como está no aborda elementos clave del mercado digital que hacen posible el estado actual de las plataformas.
Quiénes plantean cambios y qué reclaman
La discusión se activó durante un encuentro organizado por la Fundación Avanza, ligada al PSOE, en Valencia del 2 al 4 de septiembre. Allí se reunieron representantes de laboratorios de ideas progresistas de Alemania, Francia, Italia y Portugal para debatir propuestas que quieren llevar a Bruselas ante eurodiputados.
Berna León, director general de la Fundación Avanza, resumió la intención: “Queremos ayudar con nuestra reflexión a los partidos que generalmente no se pueden tomar el tiempo de debatir en profundidad sobre estos temas”. El grupo propone que la Ley de Niños vaya más allá de imponer límites a usuarios menores y que incluya mecanismos que alteren las condiciones estructurales del mercado digital.
Interoperabilidad: la palanca propuesta
El elemento central de la propuesta es la interoperabilidad. En términos sencillos, se trata de obligar a las plataformas para que permitan a usuarios de un servicio entrar, leer y escribir en otro sin necesidad de crear una cuenta nueva ni abandonar su propia plataforma. Para los autores del documento, esto reduciría la dependencia de un espacio digital cerrado y debilitaría el poder de mercado de gigantes tecnológicos que hoy controlan la distribución de contenido y la atención.
Los think tanks argumentan que, hasta ahora, las empresas tecnológicas han defendido que la interoperabilidad no es viable por limitaciones técnicas. Sin embargo, sostienen que la misma evolución de la inteligencia artificial ha cambiado ese argumento y abre nuevas posibilidades técnicas para interconectar servicios sin comprometer la seguridad.
Asimetría de poder entre Estados y plataformas
El documento también denuncia una asimetría de poder: las grandes tecnológicas combinan escala económica, influencia política y contratos públicos que generan dependencia. Los autores recuerdan que los gobiernos europeos contratan por cientos de millones de euros a las mismas empresas que se pretende regular, lo que dificulta actuaciones más contundentes.
Desde esta perspectiva, no basta con proteger a los menores mediante restricciones de uso: es necesario reconfigurar el producto y los incentivos de las plataformas para que cambie su diseño y su modelo de negocio.
Otras medidas propuestas por los think tanks
Además de la interoperabilidad, el grupo socialdemócrata propone varias medidas concretas para reforzar la capacidad regulatoria y la protección de la infancia:
- Exigir que todos los servicios digitales superen una inspección previa que certifique que son seguros para menores antes de comercializarse.
- Dotar a la Comisión Europea de la facultad de desactivar preventivamente funcionalidades que se consideren perjudiciales para los niños.
- Imponer multas de magnitud tal que dejen de ser consideradas simplemente un coste de negocio tolerable para las empresas.
- Simplificar la norma eliminando las llamadas “minicuentas” (las que requieren consentimiento parental para jóvenes de 13 y 14 años) y trasladar la responsabilidad de la seguridad del producto a las plataformas, no a los padres.
El documento recalca que estas medidas buscan garantizar que la ley tenga “suficiente poder disuasorio” para modificar prácticas empresariales que, según los autores, han ignorado normas y han tratado las sanciones como un coste aceptable.
Datos y urgencia: el contexto que impulsa la regulación
Al presentar la iniciativa en la Eurocámara en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recordó cifras preocupantes sobre el tiempo que los jóvenes pasan ante pantallas: entre cuatro y seis horas diarias de media en Europa, y hasta siete u ocho horas para quienes comenzaron a usar redes antes de los 10 años. Ese marco de consumo y exposición es parte de la justificaciónde la urgencia para legislar.
¿Qué implicaría esto para América Latina?
Aunque la propuesta es europea, sus planteamientos tienen relevancia global y también para América Latina. Varias lecciones resultan pertinentes para gobiernos y reguladores latinoamericanos:
- La interoperabilidad puede ser una herramienta para reducir la dependencia de servicios dominantes y fomentar la competencia local o regional. No es una solución mágica, pero aporta alternativas a la «encapsulación» de usuarios dentro de una sola plataforma.
- Exigir controles previos de seguridad para productos digitales orientados a menores podría servir como estándar de protección y promover mejores prácticas en desarrollos locales.
- La idea de sanciones realmente disuasorias y de capacidad regulatoria para desactivar funcionalidades riesgosas plantea un debate sobre soberanía digital y poder regulatorio frente a actores globales.
Es importante señalar que los contextos regulatorios y de mercado en América Latina difieren de Europa: tamaño de mercado, capacidad administrativa, dependencia tecnológica y modelos de negocio de plataformas pueden exigir adaptaciones específicas.
Conclusión: cambiar el producto para proteger a la infancia
El núcleo de la propuesta de estos think tanks socialdemócratas es claro: no basta con proteger a los niños cambiando sus comportamientos; hay que cambiar el diseño y las condiciones de mercado que incentivan prácticas perjudiciales. La interoperabilidad aparece como una palanca para “desplataformizar” y reducir el poder concentrado de las grandes empresas, mientras que inspecciones, facultades de desconexión de funciones y multas mayores buscan crear un marco más preventivo y disuasorio.
A medida que la Ley de Niños avance en Bruselas, el debate sobre hasta qué punto las soluciones deben actuar sobre los usuarios o sobre las plataformas determinará no solo la protección de la infancia en Europa, sino también el diseño de estándares y referencias que serán observados y, en algunos casos, replicados en otras regiones, incluida América Latina.
La pregunta que queda para responsables políticos y reguladores es si Europa optará por medidas que transformen la estructura del mercado digital o por una regulación que, aunque restrictiva, mantenga intactos los incentivos que hoy dominan la economía de la atención.
Fuente original: El Pais IA