Bruselas señala a Pornhub, XVideos, XNXX y Stripchat por permitir acceso de menores

Resumen de la medida de la Comisión Europea

La Comisión Europea ha hecho públicas conclusiones preliminares en las que acusa a las plataformas Pornhub, XVideos, XNXX y Stripchat de no cumplir con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) por permitir que menores accedan a contenido pornográfico. Tras una investigación iniciada en mayo de 2025, Bruselas considera que estas plataformas no evaluaron con la debida diligencia los riesgos para los menores ni aplicaron medidas eficaces para impedir su acceso.

Qué encontraron las autoridades comunitarias

Según la Comisión, las empresas investigadas fallaron en el componente básico que exige el DSA a las grandes plataformas: la evaluación de riesgos. En muchos casos, cuando se identificaron riesgos, las empresas no ejecutaron evaluaciones exhaustivas ni objetivas. En cambio, la Comisión detectó un énfasis desproporcionado en consideraciones comerciales, como el daño reputacional, frente al análisis de riesgos sociales que afectan a menores.

Además, Bruselas considera que la autodeclaración de edad —es decir, permitir que el usuario confirme que es mayor de edad sin una verificación fiable— no constituye una medida eficaz. La Comisión exige que las plataformas adopten herramientas de verificación de edad que, a la vez, respeten la privacidad de los usuarios.

Observaciones específicas sobre las plataformas investigadas

La investigación identifica problemas distintos según la plataforma. Stripchat, XVideos y XNXX —propiedad respectivamente de Technius (Chipre), Webgroup Czech Republic y NKL— habrían tergiversado o dejado de lado reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos de la infancia y en soluciones de verificación de edad. Pornhub, parte de un grupo canadiense, también está en el foco por las deficiencias generales en la gestión de riesgos y en las salvaguardas para menores.

Un elemento clave del DSA es que las obligaciones ex ante aplican con mayor fuerza a las llamadas “plataformas muy grandes”, definidas por el reglamento como aquellas con más de 45 millones de usuarios o que alcancen al 10% de la población de la UE (en torno a 450 millones de habitantes). Por su tamaño, estos servicios deben demostrar que han analizado y mitigado los riesgos de su actividad.

Sanciones y precedentes

Las empresas tienen ahora la oportunidad de presentar alegaciones y proponer medidas correctoras. Si tras ese trámite la Comisión concluye que persisten incumplimientos, las plataformas podrían enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación anual. Como antecedente relevante, la UE multó en diciembre pasado a X (antes Twitter) con 120 millones de euros por infracciones relacionadas con el DSA, una sanción que representó más del 5% de la facturación de la empresa en el año anterior y que generó reacciones políticas fuera de Europa.

Investigación paralela sobre Snapchat

En paralelo a las acciones contra las plataformas pornográficas, Bruselas ha abierto una investigación sobre Snapchat. Las sospechas incluyen que la red social pueda estar exponiendo a menores a intentos de reclutamiento para actividades delictivas, a información sobre ventas de productos ilegales (como drogas) y a mercancías sujetas a restricciones de edad, como cigarrillos electrónicos y alcohol.

La Comisión evalúa, entre otras cosas, la eficacia de la autodeclaración de edad en Snapchat y la capacidad de sus herramientas de moderación para prevenir la venta o la promoción de productos no aptos para menores. También investiga si Snapchat ha cumplido con su obligación de mitigar los riesgos derivados de su servicio.

Implicaciones para empresas y reguladores en América Latina

Aunque el caso se centra en la UE, tiene implicaciones relevantes para empresas y responsables públicos en América Latina. Varias plataformas globales operan en mercados latinoamericanos y las decisiones regulatorias europeas tienden a marcar estándares que otros países emulan o adaptan. Para operadores locales y multinacionales con presencia regional, estos desarrollos llaman a revisar políticas de verificación de edad, privacidad y evaluación de riesgos, así como la interacción con organizaciones civiles que defienden los derechos de la infancia.

Además, los reguladores latinoamericanos que trabajan en protección de menores y en regulación de plataformas digitales pueden tomar nota de la exigencia europea de enfoques basados en evidencia y metodología objetiva para la evaluación de riesgos, y de la preferencia por soluciones de verificación que equilibren eficacia y respeto a la privacidad.

Lo que piden las autoridades y qué podrían pedir las empresas

La Comisión insiste en que las plataformas adopten medidas de verificación de edad robustas y respetuosas con la privacidad para proteger a los niños de contenidos nocivos. No se trata solo de advertencias que marquen “contenido solo para adultos”: esas indicaciones son insuficientes si el acceso sigue siendo inmediato con un clic.

Las plataformas afectadas pueden responder con documentación, auditorías y propuestas de mitigación. El DSA prevé este intercambio antes de aplicar sanciones definitivas, por lo que las empresas aún pueden demostrar cumplimiento si implementan cambios verificables.

Conclusión: regulación, responsabilidad y reputación

El caso demuestra que la regulación digital europea continúa avanzando y que su foco no es exclusivo en gigantes estadounidenses: las acciones afectan a empresas de diversas nacionalidades. Para el sector tecnológico, la señal es clara: la protección de menores y la evaluación diligente de riesgos son obligaciones que, además de implicaciones legales, tienen un impacto directo en la reputación y en la sostenibilidad del negocio. Para América Latina, esto refuerza la necesidad de anticipar estándares internacionales y adaptar prácticas de gobernanza digital que protejan a usuarios vulnerables sin sacrificar la privacidad.