Bolivia en la mira por tierras raras: tensión entre oportunidades y riesgos ambientales

Por qué Bolivia atrae atención internacional

Estados Unidos ha incluido a Bolivia dentro de un grupo de países en los que busca explorar minerales críticos y tierras raras, como parte de un esfuerzo por reunir alrededor de 50 naciones y contrarrestar la influencia de China en esos suministros. Bolivia concentra una parte significativa de esos recursos: según fuentes citadas, el país alberga 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética y tecnologías avanzadas.

Estos elementos —metales y minerales de suministro limitado pero demanda creciente— son esenciales para baterías, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, electrónica y otras tecnologías. En Bolivia, las zonas con mayor potencial se ubican en Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, y la región de la Chiquitania figura como un área de especial interés.

¿Qué son las tierras raras y qué se ha encontrado en Bolivia?

Las tierras raras son 17 elementos químicos que incluyen el escandio, el itrio y los 15 lantánidos (como lantano, cerio, praseodimio y neodimio). Aunque no son raros en términos absolutos, su extracción rentable y concentrada está limitada a pocos lugares en el mundo, lo que genera vulnerabilidades en las cadenas de suministro.

En las áreas de exploración bolivianas se han identificado varios de estos elementos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros. Además, en algunos proyectos se han señalado asociaciones geológicas que podrían contener niobio y minerales del grupo del platino.

Proyectos activos que preocupan a comunidades y ambientalistas

En el departamento de Santa Cruz hay al menos tres emprendimientos que han generado tensión:

• La Cruz–Pico Suto (provincia Ñuflo de Chávez): proyectos en esta área han avanzado sin que comunidades indígenas como los guarayo, chiquitano y ayoreo fueran consultadas, lo que, según representantes locales y defensores de derechos indígenas, contraviene normativas sobre consulta previa. También existen preocupaciones sobre contaminación potencial y efectos en bosques y fuentes hídricas.

• Cerro Manomó: definido como una zona de aproximadamente 12 000 hectáreas para exploración y explotación, se ha vinculado a formaciones carbonatíticas, un tipo de roca que en otras partes del mundo es fuente de tierras raras ligeras y niobio.

• Rincón del Tigre: actualmente en fase de prospección y muestreo, este bloque ha sido descrito por autoridades como orientado a minerales del grupo del platino.

Estas iniciativas han encendido las alertas por la posibilidad de un avance minero sobre territorios que albergan bosques y comunidades, con riesgos para el agua y la biodiversidad.

Respuestas oficiales y vínculo con empresas extranjeras

Desde la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), su presidente ejecutivo José Córdova informó que el país ha mostrado interés de empresas internacionales por explorar y explotar minerales críticos. Señaló la presencia boliviana en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde, según Córdova, unas 20 empresas manifestaron interés. También mencionó la participación boliviana en una reunión ministerial sobre minerales críticos en Washington.

Córdova aseguró que el aspecto ambiental será evaluado y que se busca generar recursos sin «dañar el ambiente». Sobre Cerro Manomó explicó que se trata de un proyecto asociado a una formación carbonatítica y confirmó que Rincón del Tigre está en fase de prospección con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Minería y Metalurgia información sobre las medidas ambientales en estos proyectos, pero no recibió respuesta al cierre de la nota original.

Inversión en litio y brechas en investigación social y ambiental

En el marco de la Estrategia Nacional del Litio, el gobierno boliviano ha destinado más de 166 millones de dólares a desarrollo productivo y tecnológico. No obstante, la inversión específica en investigación sobre aspectos sociales y ambientales vinculados al litio ha sido significativamente menor: apenas 5 millones, según la nota base. Esa disparidad aumenta las preocupaciones sobre que la priorización sea eminentemente productiva sin suficiente enfoque en impactos sociales y ambientales.

Demandas de una minería más sostenible y con justicia social

Diversos actores, incluidos analistas y fundaciones locales, han pedido una actualización de la normativa minera. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, señaló la necesidad de una nueva ley que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias, dé seguridad jurídica a inversionistas y proteja el medioambiente. Su posición resume una demanda que se repite en varias regiones de América Latina: combinar oportunidades económicas con garantías para comunidades y ecosistemas.

Desde las comunidades indígenas afectadas se reclama, en primera instancia, la aplicación efectiva del derecho a la consulta previa, libre e informada. Para muchos líderes locales, la ausencia de diálogo legitima la desconfianza frente a la llegada de empresas y proyectos a sus territorios.

Riesgos ambientales y sociales concretos

La minería de tierras raras y de minerales críticos puede implicar impactos significativos si no se gestionan correctamente: degradación de suelos, afectación de fuentes de agua por procesos químicos, pérdida de cobertura forestal y alteración de territorios de pueblos indígenas. En regiones como la Chiquitania, donde confluyen biodiversidad y culturas locales, esos efectos encendieron alarmas entre ambientalistas.

Además, la concentración de la cadena de suministro mundial en unos pocos países genera presiones geopolíticas. Para gobiernos y tomadores de decisión en América Latina, esto supone la disyuntiva de atraer inversión extranjera y desarrollo industrial sin repetir modelos extractivos que hayan dejado costos ambientales y sociales elevados.

Qué está en juego para Bolivia y la región

Bolivia tiene un potencial estratégico para la transición energética global. Convertir ese potencial en beneficio nacional exige decisiones políticas claras: marcos legales actualizados, inversión en control ambiental y social, capacidades técnicas para vigilancia y fiscalización, y mecanismos de diálogo legítimo con comunidades indígenas.

La experiencia de otros países muestra que la ausencia de normas robustas y de participación ciudadana amplia puede derivar en conflictos sociales prolongados y en la pérdida de servicios ecosistémicos irremplazables.

Pasos que reclaman expertos y comunidades

Aunque las iniciativas comerciales y diplomáticas avanzan, actores locales demandan: consulta previa efectiva; evaluación ambiental rigurosa y transparente; mayor inversión en investigación social y ambiental; y una ley minera que regule la explotación de minerales críticos con criterios de sostenibilidad.

La forma en que Bolivia convierta este momento de atención internacional en una estrategia responsable será determinante tanto para el desarrollo interno como para su inserción en cadenas globales críticas. Para los países de la región, el caso boliviano ofrece una lección: la riqueza geológica puede ser una oportunidad, pero su aprovechamiento requiere reglas claras, control ciudadano y prioridad en la protección de territorios y derechos.