12 años del derrame en el río Sonora: comunidades que todavía no confían en el agua

Un recuerdo que cambió para siempre

María Juana Peralta Fuentes recuerda un río que era parte de la infancia: baños, paseos y berros que se cortaban para preparar ensaladas en San Pablo de Aconchi. Todo cambió la tarde del 6 de agosto de 2014, cuando desde Sinoquipe alertaron sobre un derrame y el cierre de pozos. Les pidieron almacenar agua, sin saber cuánto duraría la emergencia ni de dónde vendría el suministro después.

Ese día, alrededor de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado (unos 40,000 metros cúbicos) salieron de las instalaciones de Buenavista del Cobre, una mina operada por una filial de Grupo México en Cananea. El líquido contaminó primero el río Bacanuchi y luego el río Sonora, afectando a ocho municipios y a más de 22,000 personas.

Calidad del agua y hallazgos oficiales

En 2023 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atribuyó el desastre a fallas en el diseño hidrológico del sistema de almacenamiento de la mina, contradiciendo la explicación inicial de la empresa que vinculó el evento a las lluvias.

El Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, publicado por Semarnat en 2023, identificó niveles elevados de aluminio, mercurio, hierro y manganeso en distintos puntos del cauce. En las tomas domiciliarias también se detectó arsénico, aunque por debajo del límite permitido, además de otros metales. Estos resultados muestran variaciones según la localidad, el pozo y la fecha de análisis.

Riesgos para la salud: qué se sabe y qué falta esclarecer

La presencia de metales como arsénico y mercurio despierta preocupaciones legítimas. El arsénico se ha relacionado con lesiones en la piel, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer; el mercurio puede afectar riñones, sistema nervioso, digestivo e inmunitario y supone un riesgo especial durante el embarazo y la infancia. Sin embargo, la exposición y el riesgo dependen de la cantidad, la vía y el tiempo de contacto con estos contaminantes.

Organizaciones locales, como los Comités de Cuenca Río Sonora, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han señalado que las autoridades de salud no garantizaron una atención adecuada y permanente. La CNDH, en su recomendación 50/2024, pidió concluir estudios toxicológicos y epidemiológicos, publicar resultados y determinar qué personas requieren atención especializada y qué afecciones pueden vincularse al derrame de 2014.

Hasta ahora, los documentos públicos no permiten atribuir de manera directa todos los diagnósticos reportados en la población al evento, aunque en las comunidades se observan casos de cáncer, problemas renales y enfermedades de la tiroides que los habitantes asocian con la contaminación.

Cambios en la vida cotidiana: agua, miedo y adaptación

Hoy muchas familias compran agua purificada para beber y usan el suministro de la red para bañarse y tareas domésticas, a menudo con temor. María Juana dice: “Nos bañamos, pero con miedo; muchas veces no hay recursos para comprar el agua, por eso la compramos nada más para tomar”.

El miedo se combina con limitaciones económicas: las pruebas toxicológicas y los controles de salud especializados son caros, y varias personas no se han hecho estudios por falta de recursos.

Impacto en la agricultura y la economía local

El derrame también afectó la actividad productiva. La cosecha de maíz y frijol de la familia de Peralta se perdió tras el incidente; luego optaron por pasturas para ganado en lugar de hortalizas. Estas decisiones cambiaron los ingresos: algunos cultivos dejaron de producir como antes y la pastura se vende a menor precio.

Un registro de la entonces Secretaría de Agricultura (Sagarpa) contabilizó 2,519 agricultores y ganaderos dentro de la zona considerada para recibir apoyos. Además del cierre preventivo de pozos, que interrumpió temporalmente el riego, la desconfianza hacia los alimentos de la región complicó su comercialización.

Respuestas oficiales y promesas pendientes

Desde 2014 el gobierno federal y estatal instalaron plantas potabilizadoras, establecieron monitoreos y realizaron medidas de atención médica. Sin embargo, la CNDH denunció en 2024 que varias de estas acciones estaban incompletas o presentaban fallas operativas.

Entre las promesas figura la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), anunciada en 2015 para dar seguimiento durante 15 años a la salud de la población y a las condiciones ambientales de la cuenca. Para muchas comunidades, estas promesas no se han traducido en confianza ni en certezas sobre la salud pública.

Lo que exigen las comunidades

Las organizaciones y habitantes reclaman: acceso a agua segura, atención médica continua y especializada, transparencia en los estudios toxicológicos y epidemiológicos, y reparación ambiental. Piden además que los resultados de las investigaciones sean públicos y que se identifique a las personas que requieren atención prioritaria.

La falta de respuestas claras fomenta la desconfianza hacia las instituciones y hacia la información oficial, un fenómeno que no es exclusivo de Sonora y que resuena en otras regiones de América Latina donde la minería y la extracción han provocado conflictos ambientales.

Reflexión final: memoria, justicia y vigilancia a largo plazo

A doce años del derrame, la relación de las comunidades con el río Sonora no se ha normalizado. El caso evidencia la necesidad de mecanismos de vigilancia independientes, comunicación transparente y políticas públicas que integren salud, ambiente y sustentabilidad económica. Para las personas afectadas, la reparación no es solo técnica: es recuperar la confianza en el agua, en la seguridad de sus cultivos y en la capacidad del Estado para proteger sus derechos.

El desafío es de largo plazo: documentar impactos, garantizar atención sanitaria permanente y asegurar que las lecciones aprendidas se traduzcan en reformas que eviten nuevas catástrofes en el país y en la región.